Madrid.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, considera que la Ley del Suelo, cuyo texto refundido aprobó hoy el Consejo de Ministros, "fomenta la transparencia y detecta el fraude y la especulación urbanística", ante situaciones como la del supuesto caso de corrupción en Estepona.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, hoy en el Palacio de la Moncloa.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Vivienda defendió la utilidad de la Ley del Suelo, aprobada el 1 de julio del pasado año, y aseguró que la "lucha" del Gobierno contra la corrupción urbanística es "determinante", "pero no una novedad".
La Ley del Suelo ya establecía que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, se debía refundir toda la legislación competencia estatal en materia de suelo.
Esta ley, dijo Corredor, "ha supuesto una revolución" en relación a toda la legislación anterior en materia de suelo y ha sentado las bases para un nuevo modelo de crecimiento y organización del territorio "más transparente, más sostenible y menos especulativo".
Con la aprobación del texto refundido de la Ley del Suelo se pone fin a "una situación de inseguridad jurídica que había generado muchos problemas de interpretación y de aplicación práctica de estas normas".
El objetivo del Gobierno es dar a los ciudadanos "la oportunidad de gozar de un desarrollo sostenible del territorio, combatir la especulación urbanística en materia de suelo y crear una herramienta eficaz para luchar contra la corrupción urbanística".
Corredor señaló que la citada Ley controla y somete los convenios urbanísticos al mismo procedimiento que los planes urbanísticos generales, y obliga a los concejales y directivos municipales a "hacer una declaración pública" de sus bienes patrimoniales y participaciones empresariales.
Asimismo, identifica durante un período de cinco años a aquellos propietarios que hayan obtenido una plusvalía con la recalificación de sus terrenos y exige que los convenios urbanísticos sean sometidos al mismo tramite de información pública que el resto de las normas urbanísticas, indicó.
La ministra recordó, además, que el Ministerio de Economía y Hacienda aprobó en 2006 medidas para la prevención del fraude y la existencia de fiscales especializados en la lucha contra la corrupción urbanística.
En su intervención, la titular de Vivienda también se refirió a la Conferencia Sectorial celebrada esta semana con los representantes autonómicos en materia de vivienda para elaborar un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-2012.
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