Santiago de Chile.- La Unesco pidió hoy a los legisladores considerar las "voces" de los diferentes actores sociales en la Ley General de Educación, aprobada por la Cámara de Diputados, y recalcó que la educación pública es la "única" que puede asegurar el derecho a una educación sin exclusiones.
La votación de la ley de educación en el Congreso chileno concluyó en medio de ruidosas protestas de profesores y estudiantes.
La nueva Ley General de Educación (LGE) fue aprobada este jueves por la Cámara de Diputados, luego de intensas negociaciones entre el Gobierno, la oposición derechista y partidos oficialistas, estos últimos que pusieron como condición enviar al Parlamento un nuevo proyecto de ley destinado específicamente a fortalecer la educación pública.
En las últimas semanas, profesores y estudiantes han protagonizado varias protestas de rechazo a la nueva LGE -que ahora deberá ser votada por el Senado-, porque a su juicio aumenta la desigualdad y la segregación, al tiempo que exigen el fortalecimiento de la educación pública.
En ese contexto, la Unesco dijo que diferentes grupos de estudiantes y padres han llegado en forma pacífica hasta su sede en Santiago para manifestar su "preocupación" por la aprobación de esta nueva Ley, que a su juicio no garantiza el derecho a una educación de calidad a todos los chilenos.
"Aprovechando el consenso logrado para legislar en torno a una ley de educación, recomendamos a los legisladores considerar las voces de los diferentes actores sociales y los compromisos suscritos por Chile a nivel internacional en el ámbito educativo", expresó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en una declaración pública.
Para la Unesco "la educación es un bien público y un derecho humano del que nadie puede estar excluido", por lo que recalcó que el garante de ello es el Estado.
"La educación pública o financiada con fondos públicos es la única que puede asegurar el derecho a una educación sin exclusiones, sin perjuicio de que existan otras opciones para que los padres puedan ejercer el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos", enfatizó el organismo multilateral.
Sin embargo, "la libertad de enseñanza debe guiarse por los principios de no discriminación (...), siendo obligación de los Estados asegurar que la libertad de enseñanza no conduzca a la desigualdad de oportunidades de determinados grupos dentro de la sociedad".
La LGE fue elaborada por una comisión especial surgida después de la "revolución de los pingüinos" (estudiantes secundarios) en 2006.
La votación de hoy en el Congreso concluyó en medio de ruidosas protestas de profesores y estudiantes apostados en las tribunas de la Cámara de Diputados, que fueron desalojados por la policía.
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