La Junta ofrece consenso para desarrollar el Estatuto, que cuestiona el PP

Sevilla.-  El Gobierno andaluz ha planteado hoy a la oposición una oferta de "diálogo sincero" sobre un paquete normativo de unas 40 leyes para desarrollar el Estatuto de Autonomía, una propuesta cuestionada por el PP-A, que ha criticado la credibilidad de la Junta.

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(EFE)

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, llega al Parlamento andaluz para informar en comisión parlamentaria sobre el proceso de transferencias a la Comunidad Autónoma, asi como de las prioridades de las mismas en el marco del desarrollo del Estatuto de Autonomía.

La oferta fue planteada por el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, en la primera reunión de la Comisión de Desarrollo Estatutario, que requirió la intervención de su presidenta, Antonia Moro, ante el cruce de comentarios y acusaciones que intercambiaron durante unos minutos Antonio Sanz y Jorge Ramos, del PP, con Zarrías durante el turno del consejero.

El vicepresidente planteó a la oposición una oferta "seria y sincera" de diálogo tanto para el desarrollo del Estatuto como para la cuantificación de la deuda histórica, las inversiones del Estado en Andalucía sobre el criterio de población y la financiación autonómica.

Esta última será debatida la próxima semana en la Cámara y Zarrías ha avisado que el acuerdo "es importante y tiene el común denominador del Estatuto, del no nos vamos a desviarnos ni un ápice".

La previsión de la Junta es comenzar a negociar con el Gobierno el próximo mes de julio y cerrar el acuerdo entre comunidades en el otoño.

El consejero han insistido en la búsqueda del consenso para desarrollar el Estatuto sobre un paquete normativo de unas 40 leyes, de las que el Gobierno quiere aprobar el 80% en los dos primeros años de legislatura, entre ellas, las leyes del derecho a la vivienda, la inclusión social, de dependencia y servicios sociales; reguladora de la dignidad ante el proceso de muerte o de derecho a la información asistencial en el ámbito sanitario.

Muchas de ellas, ha comentado, dan respuesta a los más de 31 nuevos derechos sociales que recoge el Estatuto.

Como prioridad en los traspasos competenciales pendientes ha señalado la de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, que quedará cerrada a finales de este mes, aunque a efectos presupuestarios entrará en vigor a principios de 2009.

A estas competencias sumó otras como la autorización del trabajo para extranjeros, la ampliación de medios para los parques nacionales y en Educación, la función inspectora en materia de prevención de riegos laborales, de relaciones laborales o la de ferrocarriles (cercanías y regionales).

"La oferta no es un brindis al sol, ya que hay razones para el consenso y ponernos de acuerdo", ha enfatizado.

Antonio Sanz, del PP-A, ofreció también a su grupo para el diálogo y ha cuestionado la credibilidad de la Junta para llegar a acuerdos.

"Su credibilidad en el desarrollo estatutario es cero. Llevamos un año perdido por la parálisis legislativa de su Gobierno porque solo le preocupan los altos cargos y ustedes son incompatibles con el Estatuto", ha denunciado.

Sanz ha recriminado también a la Junta que esté en "fase terminal y con un presidente amortizado", por lo que ha asegurado que el Estatuto es "mucho para tan mal Gobierno", un Gobierno -ha agregado- que "vende leyes que son incumplimientos de hace ocho o diez años".

Diego Valderas, portavoz de IU, ha recogido la "mano tendida" de la Junta para el acuerdo, pero ha lamentado que "nadie" se haya puesto en contacto con su grupo para negociar la financiación autonómica o la deuda histórica, aspectos sobre los que el PSOE y PP mantienen "contactos reservados".

Además, ha demandado las competencias en puerto y aeropuertos, la policía autonómica, la ley de comarcalización, de calidad en el empleo y más financiación y competencias para los ayuntamientos.

El portavoz socialista, Manuel Gracia, ha acusado al PP de haber sufrido un "proceso de conversión paulina, que ahora les convierte en adalides del Estatuto y del traspaso urgente del río Guadalquivir cuando hace un año decían lo contrario".