A los tradicionales motivos de fricción entre España y el enclave británico de Gibraltar se ha sumado uno nuevo: la preocupación medioambiental. Tras el vertido del carguero New Flame, ocurrido en febrero, las autoridades españolas temen ahora que el megaproyecto Eastside Proyect afecte negativamente las playas limítrofes.
Panorámica de Gibraltar.
La iniciativa prevé invertir 1.200 millones de libras esterlinas (unos 1.500 millones de euros) en la construcción de viviendas de lujo, aparcamientos, un puerto deportivo, hoteles y establecimientos comerciales en tierras ganadas al mar, entre Eastern Beach y Catalan Bay.
Con esta jugada sus promotores pretenden sacar tajada del negocio de los cruceros y las embarcaciones recreativas. Y además de lucrarse con tripulantes y turistas, quieren ofrecer servicios de mantenimiento y reparación a los yates que escapan de los calores del Mediterráneo para hibernar en el Caribe.
Está previsto invertir unos 1.500 millones de euros en la construcción de viviendas de lujo, aparcamientos, un puerto deportivo, comercios y hoteles en tierras ganadas al mar
La Comisión de Desarrollo y Planificación (siglas en inglés, DPC) del Peñón ha dado su visto bueno, tras imponer una serie de restricciones. No ha permitido, por ejemplo, el dragado del extremo sur de la colonia, por temor a que dañe un área protegida por la ley europea. Sin embargo, la DPC ha dictaminado que el proyecto no repercutirá negativamente en las playas españolas aledañas, y, por consiguiente, ha aprobado el informe de impacto ambiental presentado por el promotor.
Pese a ello, en España no se quedan tranquilos; sobre todo cuando se ha sabido a través de la prensa gibraltareña que el proyecto ha recibido luz verde. El colectivo Verdemar-Ecologistas en Acción ya alertó en su día del riesgo de que el rellenado con escombros para ganar unos metros al mar alterase la dinámica litoral.
Tales inquietudes han llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores a enviar una Nota Verbal a la Embajada del Reino Unido en la que se afirma que la situación "no hace sino poner de manifiesto la justificación de los temores de España sobre las posibles consecuencias negativas del Eastside Project sobre el medio ambiente en la zona". Recuerda la Cancillería que, en virtud de las directivas europeas sobre impacto ambiental, ha venido solicitando toda la información sobre el proyecto, y que "se confiriese un plazo razonable a España para que indicase si deseaba participar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental". Los británicos han hecho caso omiso de esos requerimientos. Por esa razón, se "reitera la solicitud de copia del estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto".
También se queja el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Suárez, que ha expresado su temor a que, "como sucede con otros asuntos en Gibraltar, una cosa es lo que se planea y otra la que se lleva a la práctica". Puso el New Flame de ejemplo.
Desde el lado gibraltareño replican que sus vecinos, antes de criticarles, deberían dar el ejemplo, toda vez que el Ayuntamiento de Algeciras, por no tener depuradora de aguas fecales, vierte miles y miles de metros cúbicos de líquidos residuales a la bahía.
El Eastside Development no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de obras de construcción de gran envergadura, que comprenden una terminal del aeropuerto, viviendas protegidas, una central térmica, una planta de tratamiento de aguas residuales, otra promoción urbanística y una prisión. Todas ellas prometen cambiar la cara al Gibraltar apacible y somnoliento, poniéndolo a tono con el frenesí urbanístico del que tanto se han beneficiado los promotores del otro lado de la frontera.
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