MADRID.- La Unión de Consumidores de España (UCE) considera que la sustitución de la tarifa nocturna por otra de discriminación horaria supone una "victoria de las eléctricas sobre el Gobierno" y ha remitido a los grupos parlamentarios una proposición no de ley para mantener el actual modelo, según el portavoz de la organización, Dacio Alonso.
La Unión de Consumidores de España (UCE) considera que la sustitución de la tarifa nocturna por otra de discriminación horaria supone una "victoria de las eléctricas sobre el Gobierno" y ha remitido a los grupos parlamentarios una proposición no de ley para mantener el actual modelo, según el portavoz de la organización, Dacio Alonso.
En una rueda de prensa, Alonso explicó que UCE ha entregado casi 15.000 quejas de consumidores ante el Ministerio de Industria, el Defensor del Pueblo y los diferentes partidos, en las que no sólo se muestra el malestar con las subidas en el recibo de la luz sino también con un cambio regulatorio que contradice las anteriores campañas de la Administración a favor de la tarifa nocturna.
"¿Para qué están los padres de la patria si no son capaces de ser sensibles a los problemas de los ciudadanos?", se preguntó Alonso, quien mostró su confianza en que antes de que concluya el curso parlamentario el Congreso se haya pronunciado sobre este asunto.
Esta proposición no de ley tiene como objetivo mantener la actual tarifa nocturna, establecer ayudas a los afectados por el cambio a la tarifa y reducir la penalización del consumo durante el día, entre otras medidas.
Para UCE, el cambio de la tarifa nocturna por otra de discriminación horaria es "nulo de pleno derecho" por no haber pasado por los trámites de audiencia necesarios y por arrojar dudas acerca de aspectos como la seguridad jurídica, reconocida por la Constitución.
Además, supone una "alteración de las reglas del juego" y "un pulso ganado por las eléctricas al Gobierno con perjuicio de los consumidores", en el que se han utilizado argumentos "virtuales", como el déficit de tarifa.
De hecho, el portavoz de UCE mostró sus dudas acerca de la propia existencia del déficit de tarifa --diferencia entre los ingresos de generación de las eléctricas y los costes reconocidos--, ya que es consecuencia de un modelo "perverso" en el que, como denuncia la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE) se retribuye por igual a todas las fuentes de generación, lo que genera un beneficio adicional de 4.400 millones anuales a la hidráulica y a la nuclear.
Alonso también criticó el comportamiento del regulador energético, al que acusó de "echar un capote al Gobierno" al retrasar la adopción de medidas para proteger a los consumidores de tarifa nocturna y al no haber querido aprobar un informe de los servicios jurídicos en el que se cuestiona el cambio normativa.
"MALA FE" DEL MINISTRO
Por otro lado, el portavoz de UCE afirmó que es "falso" el argumento del ministro de Industria, Miguel Sebastián, según el cual la nueva tarifa con discriminación horaria, que amplía el número de horas valle de bajo consumo, podría incluso abaratar el recibo de la luz.
Para Alonso, este argumento compromete la "credibilidad del ministro", que actúa "con mala fe" o con "desconocimiento". UCE calcula que más de un millón de familias sufrirán incrementos en la tarifa eléctrica de consumo nocturno de entre el 25% y el 80%.
UCE denuncia además el "silencio" de Industria y advierte de que, diez días antes de la entrada en vigor de la nueva tarificación "no ha habido ni una sola campaña informativa por parte de la Administración central para informar a los consumidores de las consecuencias económicas y técnicas de la nueva tarificación".
Hasta el momento, los usuarios de tarifa nocturna se beneficiaban de un descuento del 55% en las 'horas valle' --entre las 23 y las 7 horas-- y sufrían una penalización del 3% durante el resto del día, considerado 'hora punta'.
Con el nuevo sistema de discriminación horaria, se amplía de ocho a catorce el número de horas 'valle' y se reduce ligeramente, al 47%, la bonificación por consumir en ese periodo, pero se obliga al usuario a contratar la máxima potencia demandada y se le aplican penalizaciones del 35% si lo hace en horas 'punta'.
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