El tribunal acuerda celebrar el juicio en defensa "del interés colectivo"

Madrid.-  La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido hoy celebrar el juicio del "ácido bórico" siguiendo en parte la doctrina marcada por el Tribunal Supremo (TS) en el "caso Atutxa", al considerar que los delitos que se juzgan pueden haber perjudicado "el bien jurídico colectivo".

En el banquillo se sientan tres mandos policiales acusados de haber rechazado y alterado un informe pericial en el que se relacionaba a ETA con el 11-M a raíz del hallazgo en el domicilio de uno de los procesados por los atentados de Madrid de ácido bórico, sustancia que se utiliza habitualmente como insecticida e incluso como producto de higiene personal.

El presidente de la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial, Alberto Barreiro, ha considerado que la sentencia del TS sobre Atutxa "abrió la posibilidad de que cuando se trate de delitos públicos pueda intervenir la acusación popular aunque el Ministerio Público solicite el sobreseimiento".

No obstante, el juez ha admitido que las resoluciones del Supremo en los casos Botín -en el que no se permitió a la acción popular solicitar la apertura de juicio oral- y Atutxa son "contradictorias" y que un estudio conjunto de ambas "impide que haya una doctrina unitaria aplicable a este caso".

Barreiro ha recordado que en la sentencia del "caso Atutxa", que permitía la acusación de la acción popular -aunque no acusara el fiscal ni la acusación particular- cuando no había un perjudicado concreto por el delito, "tres magistrados cambiaron de postura respecto a la sentencia del caso Botín".

Para el juez Barreiro, eso ha dado lugar a que la sentencia del "caso Atutxa" haya establecido que "cuando se trate de delitos públicos se permita la acusación de la acción popular".

Con ese argumento, la sala de la Audiencia Provincial ha decidido celebrar el juicio, pese a que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían pedido el archivo de la causa, ya que, según el juez, en el caso del ácido bórico es posible que "haya ofensa de un bien jurídico colectivo y a la vez repercuta en bienes particulares".

Es decir, hay un delito público puesto que los que se imputan a los acusados son los de falsedad y contra la Administración de Justicia.

Tras hacer pública su decisión de celebrar el juicio, Barreiro ha explicado también que las acciones populares, que ejercen la AVT, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y el sindicato Manos Limpias, no están "deslegitimadas".

Además de seguir adelante con el procedimiento, el tribunal ha decidido expulsar del mismo a la Abogacía del Estado, que no representa a los mandos policiales que se sientan en el banquillo, pero que tampoco les acusa.

Barreiro considera que no existe en la ley ninguna figura procesal prevista a la que se permita "disparar para cualquier sitio, causando indefensión al resto de las partes".