México.- El Gobierno de México pidió hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que dicte "medidas provisionales suficientes, a fin de ordenar a EE.UU. no llevar a cabo ninguna ejecución" relacionada con el "caso Avena", que afecta a 51 mexicanos.
El Gobierno de México pidió hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que dicte "medidas provisionales suficientes, a fin de ordenar a EE.UU. no llevar a cabo ninguna ejecución" relacionada con el "caso Avena", que afecta a 51 mexicanos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que dicha petición fue presentada hoy ante la CIJ, al igual que "una solicitud de interpretación sobre el sentido y alcance del fallo Avena", de 2004, en el que se instó a EE.UU. a "revisar y reconsiderar" las penas capitales a los mexicanos, "cuyos derechos a la notificación consular no fueron respetados".
La primera ejecución, prevista para el 5 de agosto próximo, será del mexicano José Ernesto Medellín bajo cargos de violación y asesinato de dos adolescentes en 1993.
"La solicitud de interpretación se planteó frente a la reciente decisión de la Suprema Corte de EE.UU. en el caso Medellín vs. Texas, en la que el alto tribunal estadounidense sostuvo que el fallo Avena no resulta obligatorio para las cortes de ese país", explicó la Cancillería mexicana.
En 2004 la CIJ "determinó la obligación de Estados Unidos de revisar y reconsiderar las condenas de 51 mexicanos sentenciados a muerte en ese país".
El más alto órgano jurisdiccional de la ONU determinó que EE.UU. violó la Convención de Viena de 1963, al no respetar el derecho de Medellín y de sus compatriotas a obtener servicio consular y solicitó la revisión de todos los casos.
Catorce países de América Latina, además de la Unión Europea (UE) y de grupos de derechos humanos, respaldaron el dictamen y el propio presidente de EE.UU., George W. Bush, ordenó en 2005 a las cortes estatales del país seguir la decisión del tribunal de La Haya.
Sin embargo, el pasado 25 de marzo el Supremo estadounidense rechazó la orden de Bush para revisar el juicio del mexicano José Ernesto Medellín.
El máximo tribunal estadounidense argumentó que el jefe de la Casa Blanca no tenía autoridad para ordenar una nueva audiencia para el preso mexicano y que las decisiones de la CIJ no se pueden aplicar a los estados.
El pasado 5 de mayo un juez de distrito en Texas fijó para el 5 de agosto el día de la ejecución de Medellín, recluido actualmente en la Unidad Allan Polunsky de la cárcel de alta seguridad de Livingston (Texas).
El reo está condenado a muerte desde 1994 por haber intervenido junto a otras personas, cuando tenía 18 años, en la violación y asesinato de Jennifer Ertman, de 14 años, y Elisabeth Peña, de 16, ocurridos el 24 de junio de 1993 en el Jester Park de Houston.
En el comunicado de hoy, la Cancillería mexicana "reconoce ampliamente los esfuerzos del Ejecutivo estadounidense para que las cortes estatales de ese país dieran cumplimiento a la decisión de la CIJ mediante el memorando del presidente Bush de 2005".
Sin embargo, señala que "desafortunadamente esta acción fue igualmente invalidada por la Suprema Corte" estadounidense.
Para el Gobierno de México, su decisión de recurrir nuevamente a la CIJ "es congruente con la posición" sostenida hasta ahora en el caso "Avena".
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