Buenos Aires.- Un juez argentino citó hoy a declarar a dos dirigentes opositoras por haber asistido al bloqueo de una carretera efectuado en marzo último por productores rurales en conflicto con el Gobierno desde hace 80 días.
La resolución judicial se conoció en momentos en que las patronales agropecuarias llevan a cabo una nueva huelga comercial acompañada de cortes de rutas contra la presión fiscal sobre el sector, lo que provocó tensión en algunas de esas manifestaciones.
Además, pocas horas antes fueron detenidos al menos seis productores rurales bajo la acusación de iniciar incendios de pastizales, pero sus compañeros dijeron que en realidad los apresaron mientras participaban en una protesta.
En tanto, las dirigentes opositoras Margarita Stolbizer y María del Carmen Alarcón han sido imputadas en una causa judicial abierta por el bloqueo de una carretera realizado por las entidades del campo en marzo último.
"Detrás de esto hay una intención intimidatoria del Gobierno", declaró a Efe Stolbizer, quien precisó que en el mismo expediente también figuran como imputados dirigentes de las principales patronales agropecuarias y el alcalde de San Pedro, la localidad en la que se llevó a cabo la concentración.
Tras indicar que todos han sido citados a declarar el próximo jueves por el juez que quedó a cargo del caso, la dirigente consideró que "lo grave también es que la Justicia no tiene ninguna independencia del poder político".
"Hay policías infiltrados que señalan a la gente como en las peores épocas, así como operaciones de inteligencia contra productores y dirigentes políticos que van a movilizaciones", denunció Stolbizer, de la centrista Coalición Cívica.
En otro orden, luego de que los guardacostas detuvieron a los seis productores acusados de iniciar incendios en la localidad de San Pedro, 150 kilómetros al norte de Buenos Aires, cientos de personas cortaron la principal carretera de la zona.
La medida fue repudiada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que responsabilizó "al Gobierno, de quien están a cargo las fuerzas policiales, por este acto de intimidación y provocación al sector, impidiendo ejercer el derecho constitucional de protestar", además de exigir la "inmediata libertad" de los detenidos.
El detonante del conflicto agropecuario fue la decisión del Gobierno de aplicar en marzo último un esquema de impuestos móviles a las exportaciones de granos que los productores tachan de confiscatorio.
Este jueves el Ejecutivo anunció una reducción en las tasas a los impuestos a las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo, cambios que adoptó sin previa negociación con las patronales agropecuarias, con las que el diálogo está suspendido.
Los hombres del campo rechazaron las modificaciones pues la baja en los impuestos es solo para un tramo de precios en los granos que hoy no se registra en los mercados internacionales.
La Federación Agraria y la Sociedad Rural, las más duras de las cuatro entidades representativas del sector, ratificaron las protestas dispuestas hasta la medianoche del lunes, que suponen la no comercialización de granos para la exportación y ganado vacuno.
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