La corrección del Gobierno al régimen de retenciones no convence a los productores

Buenos Aires.-  El Gobierno argentino retomó hoy la iniciativa política en la crisis que enfrenta con los productores agropecuarios y anunció, unilateralmente, una corrección del esquema de impuestos a las exportaciones de granos que no ha satisfecho a las organizaciones agrarias, decididas a seguir con la protesta.

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(EFE)

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (c), encabeza una reunión, en la que se resolvió una corrección del esquema de impuestos a las exportaciones de granos, cuya puesta en marcha detonó en un grave conflicto con los productores agropecuarios.

"Hemos hecho algunas modificaciones con el propósito de preservar el funcionamiento de los mercados a futuro", dijo en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

El conflicto estalló en marzo, cuando el Gobierno anunció un régimen de retenciones (impuestos) móviles a las exportaciones de grano que fue rechazado por los productores agropecuarios y desató una crisis que costó el cargo al entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, y ha producido un duro desgaste a la presidenta, Cristina Fernández.

Los productores rurales exigen la derogación de un esquema tributario que consideran "confiscatorio" y reclaman una política integral para el sector, incluyendo la producción de leche y de carne vacuna.

El anuncio oficial se ha producido en medio de un parón en las negociaciones, suspendidas el pasado lunes unilateralmente por el Gobierno en respuesta a las críticas de las organizaciones agrarias, que el miércoles iniciaron la tercera fase de huelga comercial en este conflicto.

La nueva medida del Gobierno rebaja las retenciones por exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz a una tasa límite del 52,7 por ciento, frente a una máxima del 95 por ciento prevista en el esquema decretado el 11 de marzo pasado.

El tope de las retenciones se aplicará cuando los granos alcancen precios muy superiores a los actuales y lleguen a los 900 dólares por tonelada para el girasol, los 750 dólares por tonelada para la soja y los 400 para el maíz y 600 para el trigo.

"Argentina tiene una formidable oportunidad ante un mundo que demanda alimentos, pero no queremos que esto termine tergiversando el correcto funcionamiento del campo argentino y que éste termine produciendo solo un cultivo que los argentinos no consumen (la soja)", insistió Fernández, que tachó de "altaneros" a los líderes rurales y denunció su "formidable incapacidad" para negociar.

Además, el Gobierno anunció que facilitará el acceso de pequeños y medianos agricultores inscritos ante el Fisco como trabajadores independientes (bajo el régimen de "monotributo") a compensaciones que en la práctica mantienen su régimen impositivo en la misma situación que antes del conflicto.

La medida no ha satisfecho a las organizaciones agrarias, que han criticado el anuncio unilateral del Gobierno y han advertido que no resuelve las causas del problema.

Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural, expresó su malestar por no haber sido consultados y aseguró: "No es verdad que nos hayamos negado a discutir el tema".

"Habrá que estudiar las medidas técnicamente. Aparentemente son más de lo mismo. Las alícuotas (para los precios actuales) no cambian", dijo Miguens, quien, no obstante, reconoció que los cambios introducidos en la curva de precios máximos dan "una posibilidad" para el funcionamiento del mercado de futuros, lo que calificó como "una mínima mejora".

Para Ricardo Buryaile, vicepresidente de las Confederaciones Rurales, "la presión que hoy sufre el productor es exactamente la misma".

También apuntó que habría sido mejor el anuncio previa consulta con las organizaciones agrarias y afirmó que los pequeños productores "no confían en la devolución (de las retenciones) por parte del Gobierno".

"Yo no creo que sea bueno seguir en las rutas, pero el productor está muy, muy enojado", concluyó Buryaile, quien recordó que hay más de 100.000 productores en las carreteras del interior del país y que, en su mayoría, parecen dispuestos a seguir con los paros.

En declaraciones a Efe, Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación Agraria de Córdoba, explicó que los productores tienen una evaluación "muy negativa" de un anuncio que "no sirve para nada: Muy lejos de destrabar el conflicto, hace que los productores continuemos con la protesta".

"Estamos preocupados por un ministro que le miente a la población que conoce poco del tema", indicó Rossi, que confirmó que las organizaciones agrarias siguen adelante con la convocatoria de una huelga general -que afectaría al campo, el comercio y la industria- en localidades del interior del país.

Para Alfredo de Angeli, dirigente local de la Federación Agraria en Gualeguaychú, considerado portavoz del sector más duro del conflicto, el Gobierno "sigue confundiendo a la gente".

"Estas resoluciones no sirven para nada", insistió De Angeli, que opinó que "el productor siente bronca porque el Gobierno desinforma y toma medidas inconsultas".