La Junta de accionistas que Repsol YPF celebrará mañana tendrá invitados especiales. Un grupo de miembros de la ONG española Intermón Oxfam compartirá mesa con los directivos de la petrolera para pedir respeto a los derechos de los pueblos indígenas de los catorce países latinoamericanos donde la empresa tiene presencia.
El presidente de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF, Antonio Brufau.
Un día después de que la compañía presentara a bombo y platillo unos resultados trimestrales que no parecen haber acusado la crisis económica (ha conseguido un 36,5 por ciento más de beneficios con respecto al mismo periodo de 2007), Intermón intentará buscarle las cosquillas a la multinacional con su política de responsabilidad social corporativa.
El hueco en la Junta no ha sido fácil de conseguir. Para ello ha sido necesaria la cesión de la representación de asistencia que accionistas privados españoles propietarios de un total de 81.000 acciones y cuatro fondos de inversión ética (Boston Common Assets, Calvert Asset Management Co, Boston Common International Social Index Fund y Friends Fiduciary Corp), dueños de 750.000 acciones, han dado a la ONG.
Estos fondos, que además de considerar la rentabilidad a la hora de invertir, tienen en cuenta criterios de responsabilidad social y ambiental, han elaborado un documento que Intermón entregará a la compañía. En él piden a Repsol que elabore una normativa interna que respete la legislación internacional sobre derechos indígenas. En concreto, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
"Una política tiene el grado de compromiso que cada empresa le quiera dar", explica Isabel Tamarit, responsable del sector privado en Intermón. "Es necesario que los procedimientos de Repsol no se queden como una declaración, sino que se lleven a la práctica a través de normas internas de la compañía cuyo cumplimiento pueda ser verificado por terceros", añade.
Desde 2005, Intermón ha estado trabajando con directivos de Repsol encargados de responsabilidad social corporativa. La "falta de expresa de respuesta" y la "negativa a avanzar" llevó a la ONG a elaborar una informe que investigaba cómo afectaban las actuaciones de la empresa a los pueblos indígenas de la Amazonia peruana. La principal conclusión de 'Pueblos sin derechos' fue que Repsol vulneraba algunos de los derechos de los pueblos indígenas. "Su política no respeta ni el espíritu ni la letra del Convenio 169", dice Tamarit.
Indígenas brasileños de la tribu guaraní.
Este Convenio prevé el derecho a la consulta previa, libre e informada para llegar al consentimiento de cualquier actividad que afecte a su modo de vida. Sin embargo, según la ONG, en la práctica estas consultas se hacen ya cuando las actividades de exploración y explotación ya han comenzado. "Nuestra experiencia es que en muchos casos Repsol llega a los pueblos y les da la información en bruto, tochos de de cientos de páginas en términos técnicos que son incomprensibles", explica Tamarit. "Eso hace que no sea realmente válido", añade.
Fuentes de la petrolera aseguran que la postura de Repsol YPF será la que siempre ha mantenido la multinacional: escuchar lo que tienen que decir la ONG y demás actores implicados, tratando de combinar sus peticiones con la actividad que realizan, fomentando el desarrollo económico de las comunidades y trazando planes específicos educativos, sanitarios, etc.
En los últimos meses, Repsol ha empezado a trabajar en un borrador de una política sobre pueblos indígenas. El documento ha sido abierto a un asesoramiento limitado de expertos y profesionales. Tamarit valora positivamente esta iniciativa de la empresa y cree que es "un gran paso adelante". Sin embargo, advierte de que se trata de un borrador "extremadamente débil" que si se queda tal como está, sin reconocer los derechos indígenas, no constituirá más que un esfuerzo baldío. "La diferencia con respecto al pasado es que ahora ya no sólo somos una ONG la que pide un cambio, sino casi 900.000 accionistas".
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