Valencia.- El gobierno rumano ha creado 15 centros regionales en este país para evitar el tráfico y la explotación laboral de niños rumanos, según ha dicho hoy en Valencia subdirector de la Agencia contra el tráfico de personas de Rumanía, Florin Ionescu.
El gobierno rumano ha creado 15 centros regionales en este país para evitar el tráfico y la explotación laboral de niños rumanos. En la imagen, aspecto que presenta un campamento de gitanos rumanos y portugueses.
Ionescu ha subrayado que durante los últimos años en Rumanía se han puesto en marcha distintos servicios para controlar tanto el tráfico de menores como reducir el número de víctimas de explotación laboral.
También ha hecho hincapié en que el gobierno rumano ha destinado 250.000 euros para una campaña sensibilización contra esos problemas y que lleva a cabo la ONG "Agencia contra el Tráfico de Personas", de la que él es uno de los responsables.
España, según Ionescu, es el segundo destino de las familias rumanas, por detrás de Italia pero, ha subrayado que espera que, tras la entrada de Rumanía en la UE, su país se convierta también en país de destino gracias al desarrollo económico que está produciéndose.
Ionescu ha hecho estas declaraciones en la segunda jornada del Congreso Internacional "Stop al tráfico de niños" que se ha celebrado hoy en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y que ha tratado las estrategias para garantizar los derechos de los niños y adolescentes tanto en la Comunitat Valenciana como en Europa del Este.
Las jornadas han sido organizadas por la Fundación por la Justicia y la Fundación Tierra de Hombre-España y cuentan con la subvención de la Generalitat Valenciana.
En esas jornadas también ha intervenido el jefe de la sección del menor en el Ayuntamiento de Valencia, Francisco Gotzens, quien ha manifestado que esta ciudad, las situaciones de trata se circunscriben a la utilización de menores para la mendicidad, el hurto o la extorsión.
Asimismo ha señalado que se han detectado 750 casos relacionados con la explotación infantil, de los cuales el 81% han supuesto el ingreso del menor en un centro de acogida.
Gotzens ha subrayado las trabas que, tanto los niños como los "supuestos parientes" de los menores, ponen para evitar su identificación (nombres falsos, domicilios inexistentes o falta de documentación).
En ese sentido, el responsable municipal ha destacado que el diagnóstico pone de relieve que los niños de otras nacionalidades que han sido detenidos en la Comunidad Valenciana no tienen cubiertas sus necesidades fisiológicas, sanitarias ni cognitivas y que la mayoría operan en el distrito Marítimo y en el barrio de San Marcelino.
Gotzens ha propuesto que los menores pasen más tiempo en los centros de recepción, que se reduzca el tiempo entre el incidente en el que se ve implicado el menor y la valoración del mismo, así como la aplicación de medidas excepcionales que aseguren su integración.
El asesor jurídico de la Sindicatura de Greuges, Rafael Simons, ha instado por su parte a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para evitar la fuga de los menores cuya tutela haya asumido y a no permitir que los niños sean recogidos por un "tutor no identificado".
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