Los españoles presos en Perú se triplican entre el hacinamiento y las drogas

Lima.-  Hacinamiento, corrupción, droga y hostilidad son los graves problemas que cada día afrontan los 157 españoles presos en Perú por narcotráfico, una cifra que se ha triplicado en la última década.

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(EFE)

Vista general del penal Miguel Castro Castro en Lima (Perú) donde se produjo un motón en octubre de 2007.

Perú, segundo productor de cocaína del mundo tras Colombia, es el país no europeo con mayor número de españoles encarcelados, cifra que crece con un promedio de tres nuevas detenciones al mes, la gran mayoría en el aeropuerto internacional de Lima, según el consulado español.

Los "burrier", como se llaman en Perú a quienes intentar sacar cocaína del país, reciben generalmente una condena de casi siete años, de los que cumplen unos tres antes de obtener la libertad condicional.

Mientras les llega la hora de abandonar la inmundicia de estas prisiones, son víctimas de la corrupción generalizada, el abuso de drogas y las pésimas condiciones sanitarias.

Drogadicción y dificultades económicas son el común denominador que llevó a estos españoles, tras recibir una falsa visión de los riesgos y beneficios de la aventura, a aceptar un promedio de 3.500 dólares (unos 2.200 euros) por llevar la carga ilícita a Europa.

"Te lo ponen todo muy bonito, te dicen que todo está controlado, que la policía te deja pasar y que es un camino de rosas, y tú te lo crees y confías para salir de tus problemas", explicó a Efe Félix Gascallana, un gallego que lleva 20 meses preso en el penal del Callao, y que dejó mujer e hijo en España.

Asustados y desamparados, víctimas de la desinformación y de su dependencia de las drogas, la mayor parte de los detenidos termina en esta destartalada y superpoblada prisión de las afueras de Lima, que alberga entre sus más de 2.500 internos a 84 españoles.

La mayoría están en el pabellón de mínima seguridad, donde comparten celdas diseñadas para cuatro personas con otros catorce reclusos, sin mantas porque éstas las pagan de su propio bolsillo, y en un entorno en el que abunda la tuberculosis y la hepatitis, según constató Efe.

Hacinados en el mismo pabellón de los condenados por violación y muy alejados de sus familiares, que en muchos casos no conocen el verdadero motivo que los llevó a Perú, los presos se ven abrumados por un mundo hostil que los percibe como fuente de ingresos.

Desde recibir comida, ver a un abogado o salir al patio, todo tiene un precio, se lamentan estos presos mientras celebran la presencia de un periodista de Efe a quien relatar sus penurias, siempre con discreción y entre susurros para que sus quejas no sean escuchadas por los vigilantes y el resto de reclusos.

Así, los reclusos se debaten entre denunciar sus carencias y enfermedades o mantener su silencio para evitar represalias.

El cónsul adjunto de España en Lima, Héctor Castañeda, manifestó a Efe que esta situación es consecuencia de las "enormes deficiencias estructurales" del sistema penitenciario peruano.

"Los guardias en contacto diario con los presos ganan unos 650 soles (unos 160 euros), mientras que los detenidos reciben unos 550 soles de ayuda consular (...). En cuanto ven tanto dinero inmediatamente piden 'cariñitos', como llaman aquí a esta serie de corruptelas", dijo el cónsul.

Consumidos por la inactividad y la desesperanza, la mayoría se abandona a las drogas que circulan en abundancia, se endeudan para adquirirlas y se convierten en blanco de abusos.

"Te fían para droga y así te atrapan, entras en la rueda, y como uno está muy mal psicológicamente te castigan y te hunden mucho más", confesó a Efe José Manuel Bueno, un barcelonés drogodependiente con 26 meses de prisión a sus espaldas.

Dado que reciben con regularidad una paga, las mafias convierten a los españoles en objetivo prioritario y presionan para engancharlos aún más y convertirlos en "un cheque al portador, un euro andante".

Para protegerse, han creado una comunidad en donde "los que lo pasan medio regular ayudan a los que lo pasan peor", explica uno de sus promotores, el barcelonés Jorge Rodríguez, que con 32 meses de cárcel cumplidos cree que esta iniciativa ha dado buenos resultados.