El ADSL español es un 25% más caro y lento que en Europa, según un estudio

MADRID.-  El acceso a Internet de banda ancha en España se sitúa entre los más lentos y caros de la Unión Europea, según se desprende de un estudio elaborado por la Asociación de Internautas difundido hoy, que desvela que la velocidad media es un 25,5% más cara que en la media de la UE y un 26% más lenta.

En concreto, el estudio recoge las distintas ofertas de banda ancha de los operadores incumbentes en los estados miembros de la Unión Europea. "Se ha buscado, siempre que se ha podido, la oferta más aproximada a la de Telefónica o, en su caso, la de precio absoluto más próximo", explicó la Asociación.

De esta forma, el estudio desvela que la velocidad media de bajada en la Unión Europea es de 4,14 Megas, con un precio de 31,78 euros al mes, mientras que en España la velocidad media es de 3,072 Megas, un 26% menos, a un precio de 39,9 euros al mes, lo que representa un incremento del 25,5%.

Así, España se posiciona en octava posición en velocidad de bajada, muy por debajo de los 8 Megas ofertados en Francia, Luxemburgo y Reino Unido, aunque por encima de los 2 Megas de media de Eslovenia, Finlandia, Polonia, Suecia. En Chipre y Estonia la media es de 1 Mega.

En cuanto al precio por Mega, en la Unión Europea asciende, de media, a 10,59 euros, un 25,5 más barato que en España. Los precios más elevados se encuentran en Polonia, Estonia, Chipre Rumania, Irlanda, Eslovenia o Suecia.

Al realizar la comparativa en los 16 países de la zona Euro, el estudio indica que la conexión de 3 Megas en España es la cuarta más cara en términos absolutos y la quinta más elevada en coste por mega de ancho de banda (un 38% más que el promedio).

Como conclusión, el informe apunta a la necesidad de disponer de un Internet más rápido en España, que permita acceder a los servicios de valor añadido que están apareciendo, como el vídeo bajo demanda, las videoconferencias, el teletrabajo, etc; y cuyos costes se adapten al poder adquisitivo real de los españoles.

Asimismo, destaca la necesidad de contar con un acceso "más fiable, con unos mínimos de calidad fijados por la Ley, que sean verificables por un organismo independiente y que impliquen sanciones para los incumplidores".