Ecologistas denuncian inseguridad jurídica aparcamiento

Zaragoza.-  La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón advierte de la inseguridad jurídica en que se encuentra el nuevo estacionamiento de la zona del Portalet, en el término de Sallent de Gállego (Huesca), tras la anulación de la licencia por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca.

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El portavoz de la plataforma, Mariano Polanco, acompañado del abogado de la organización, Ricardo Díez, ofrecieron hoy una rueda de prensa para explicar los términos de la sentencia, en firme, e ilustrar con fotografías los argumentos esgrimidos para recurrir las obras de ampliación de la estación de Formigal.

Ecologistas en Acción-ADEPA presentaron un recurso contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Sallent de Gállego mediante los que se concedían licencias urbanísticas y se aprobaban los expedientes relativos a actuaciones contempladas en el proyecto de ampliación de dicha estación.

La denuncia afectaba a un total de 40 licencias de las que los ecologistas tuvieron información durante el proceso judicial, según denunció Polanco, si bien, el juez solo ha estimado la anulación de la licencia correspondiente a dicho aparcamiento que obligará al Consistorio de Sallent a declarar el proyecto supramunicipal, de modo que será el Gobierno de Aragón el que finalmente otorgue la licencia.

Esto, según los portavoces de la Plataforma, alargará el proceso ya que será necesario una nueva fase de información pública e incluso sería necesario un concurso de proyectos.

Este hecho genera una situación de inseguridad jurídica que, a su juicio, debería implicar la no apertura del estacionamiento y que los desplazamientos se realicen con el transporte público, para evitar posibles percances y las consecuencias jurídicas que derivaría.

Según el juez, las dimensiones de la zona afectada por el aparcamiento hacen obligatoria la tramitación supramunicipal, de acuerdo con la Ley Urbanística de Aragón, ya que la superficie del aparcamiento excede en 5.810 metros y en 58.509 metros cuadrados la superficie construida para que la licencia pueda tener carácter municipal.

Para Polanco, es una paradoja la existencia de 40 licencias para "un sólo proyecto, una sola declaración de impacto ambiental y una sola exposición pública".

Con la decisión del juez, lo que logran los ecologistas es "dar trascendencia social y que la sociedad se entere de que se está actuando de forma incorrecta", tanto "de forma como de fondo y medioambientalmente".

"Moralmente la causa la tenemos ganada", dijo Polanco, ya que económicamente no pueden apelar al Tribunal Superior de Justicia de Aragón por carecer de medios "a pesar de que creemos que existen argumentos para que pudiera estimar el recurso y anular otras licencias impugnadas".

En este sentido, explicó que el juez desestimó el argumento relativo a las deficiencias del Estado y de la Declaración de Impacto Ambiental porque no se pudo practicar la prueba pericial de Dictamen de Academia por parte del Colegio de Biólogos de Castilla y León, ya que solicitaban una provisión de fondos de 13.300 euros, el equivalente a las cuotas de varios años de los asociados a la plataforma.

Los ecologistas han constatado asimismo que durante el proceso del recurso se han estado realizando otras construcciones "de las que no nos consta que se hayan otorgado las pertinentes licencias".