Sevilla.- El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha decidido recurrir el nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita de Andalucía, aprobado por el consejo de gobierno de la Junta el pasado 26 de febrero, y solicitar su suspensión cautelar.
José María Michavila (i), saluda al decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Jose Joaquin Gallardo (2d), momentos antes de la inauguración de un seminario organizado por la Universidad Pablo de Olavide.
El portavoz del Consejo y decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha dicho hoy a Efe que el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se basa en que el reglamento vulnera el principio de jerarquía normativa, al invadir competencias que por ley corresponden en exclusiva a los Colegios de Abogados.
Además, no respeta lo negociado con los representantes de la abogacía, no contiene el baremo de retribuciones de los abogados y procuradores que prestan servicio en turno de oficio y "genera confusión en el sistema de prestación del servicio público en Andalucía".
Los decanos de los once colegios (los ocho provinciales junto a los de Lucena, Jerez y Antequera), reunidos en Antequera, acordaron denunciar que el reglamento "se ha aprobado de manera precipitada y sin respetar el consenso que, respecto a diversos preceptos, se había logrado en la Comisión Mixta que ha trabajado en los últimos tres años en el proyecto de reglamento", ha dicho Gallardo.
En opinión del portavoz, "en el Consejo nos sentimos defraudados ya que desde la consejería de Justicia no se ha actuado con la lealtad institucional que la abogacía andaluza se merece y con la que en todo momento hemos mantenido las dilatadas negociaciones".
Gallardo ha desmentido lo afirmado por portavoces de la consejería de que el reglamento se había consensuado, lo que "no es cierto porque muchos preceptos no se adecúan a lo que se ha hablado en las mesas de negociación".
Los decanos creen que "es una norma técnicamente muy defectuosa e insatisfactoria en muchos de sus contenidos, por lo que resultará perjudicial para la ciudadanía andaluza, beneficiaria de ese servicio publico, y también para los abogados".
Respecto a no haber consensuado los baremos de retribuciones, Gallardo ha recordado que el TSJA dictó en noviembre de 2007 una sentencia por la que anulaba el baremo de retribuciones que la consejería había aprobado en marzo de 2005, precisamente porque en muchos de sus aspectos vulneraba el principio de jerarquía normativa.
En opinión del Consejo Andaluz, "esto vuelve a suceder con este reglamento, que ha causado malestar en los Colegios de Abogados y entre los varios miles de letrados que prestan el turno de oficio".
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