La Comisión Interamericana de DD.HH. está preocupada por la pena de muerte en Guatemala

Washington.-  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por la reactivación de la la pena de muerte en Guatemala y recordó al Gobierno de ese país que debe adoptar medidas para impedir su ejecución en los casos prohibidos por la Convención Americana.

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(EFE)

La aprobación de esta ley da curso a los procesos de 34 reos condenados a muerte que desde el año 2002.

El Parlamento guatemalteco aprobó el miércoles una ley que restituye al presidente del país, Álvaro Colom, la potestad de conceder o no los recursos de "gracia" a los presos condenados a la pena capital, con lo que se reactivó el cumplimiento de esta norma, suspendida desde hace seis años.

La aprobación de esta ley da curso a los procesos de 34 reos condenados a muerte que desde el año 2002.

En su resumen final del 131 período de sesiones, que concluyó hoy en Washington, la CIDH también manifestó su preocupación por la información recibida en las audiencias celebradas sobre "graves" situaciones de violación a los derechos humanos en América Latina.

La CIDH calificó de preocupante la situación "de continuo empeoramiento" en la región de la inseguridad ciudadana, la discriminación que sufren los afrodescendientes y los pueblos indígenas, así como los pobres y las mujeres.

Destacó, además, el deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales, los "graves" obstáculos en el acceso a la justicia, las dificultades en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la persistencia del uso de la justicia militar para delitos que deberían juzgarse por lo civil y el impacto sobre los derechos humanos del creciente deterioro ambiental en la región.

Entre el 3 y 14 de marzo, la CIDH celebró 36 audiencias y 33 reuniones de trabajo sobre peticiones y casos en trámite, en muchos de los cuales se lograron "significativos avances", según dijo hoy en rueda de prensa el presidente de la comisión Paolo Carozza.

En este contexto, se firmó un Acta de Compromiso sobre la situación de comunidades cautivas en Bolivia y se avanzó hacia un acuerdo de solución amistosa en casos de Bolivia, Chile y México.

En el caso de Bolivia, el Estado se comprometió a adoptar medidas de protección para asegurar la integridad de las familias cautivas y de sus dirigentes y asesores y para garantizar que el Tribunal Agrario Nacional resuelva de forma expedita las acciones relacionadas con el proceso guaraní.

Una misión de la CIDH, encabezada por la relatora para Bolivia, Luz Patricia Mejía, prevé viajar en breve a ese país para analizar la situación in situ y supervisar las acciones tomadas por el Gobierno del presidente Evo Morales.

Por su parte, la CIDH también visitará, probablemente en verano, determinados centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos ante las denuncias públicas de supuestas violaciones de derechos humanos.

Así lo adelantó Felipe González, vicepresidente segundo de la CIDH y relator especial sobre Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias del organismo, que inició el trámite el año pasado y logró entonces la autorización de EE.UU., pero es ahora cuando se han concretado los lugares de visita y el calendario.

Según las fuentes consultadas, uno de los centros que la CIDH visitará será el de Hutto en Taylor (Texas), que alberga inmigrantes ilegales y sus familias, así como solicitantes del estatus de refugiado.

Muchos de los residentes de Hutto son niños menores de edad, algunos de menos de un año, que viven en condiciones inhumanas, según algunas ONGs que denunciaron su situación argumentando que no tienen acceso adecuado a servicios médicos, educativos y deportivos, y que son tratados con crueldad.

El 132 periodo ordinario de sesiones se celebrará del 17 al 25 de julio en la capital estadounidense y será exclusivamente destinado a sesiones internas de la comisión, que lamentó hoy los escasos recursos de los que dispone para realizar de forma adecuada sus funciones.