El Gobierno y los sindicatos firman un pacto de legislatura para mejora de los servicios

Santander.-  El Gobierno regional y los sindicatos UGT, CC.OO., CSI-CSIF y USO, mayoritarios en la Junta de Personal y el comité de empresa del Ejecutivo, han firmado un acuerdo marco para la mejora de la calidad de los servicios y las condiciones laborales de los empleados públicos, con vigencia de 2008 a 2011.

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(EFE)

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla.

El acuerdo, que no ha suscrito el sindicato SIEP (con representación en el Gobierno regional) beneficiará a 4.700 empleados de la Administración General Autonómica, de los cuales 2.700 son funcionarios y otros 2.000 laborales.

Entre otras medidas, el acuerdo contempla que la Oferta de Empleo Público (OEP) del Ejecutivo cántabro incluya una reserva de un 50 por ciento de las plazas para promoción interna, así como el desarrollo y aprobación de la Ley de Función Pública para Cantabria en esta legislatura.

El titular de Presidencia, Vicente Mediavilla, ha calificado de "excelente" el acuerdo firmado con las organizaciones sindicales, ya que "permite fijar un marco estable de legislatura" y "garantiza la paz social" en la Administración General Autonómica durante los próximos cuatro años.

El consejero ha recalcado que el documento establece la mejora de los servicios públicos y en la atención a los ciudadanos, y servirá "para dar continuidad" al proceso de modernización de la administración.

Según ha explicado Mediavilla, el pacto engloba mejoras en materia de salud laboral, acción social, formación, jubilación, procesos selectivos, plan de pensiones y carrera profesional.

Entre las cuestiones que aborda, se encuentra el "compromiso" de elaboración y aprobación de la Ley de Función Pública para Cantabria, una norma que desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público.

El consejero ha subrayado la voluntad de la Administración autonómica de contar con la participación "activa" de los sindicatos en la redacción de esta ley, que "fijará el futuro del modelo organizativo" del empleo público en la comunidad autónoma e "incidirá" en aspectos que afectan a los 102 consistorios cántabros, ha dicho Mediavilla.

Ha añadido que, de forma "paralela" a la elaboración de la Ley de Función Pública, el Gobierno acometerá un estudio para el establecimiento del modelo de la carrera profesional autonómica.

El acuerdo de legislatura entre el Ejecutivo y los sindicatos también incluye la colaboración de estas organizaciones en el diseño de la Oferta Pública de Empleo anual, que se abordará recientemente.

De este modo, según ha anunciado Mediavilla, se va a constituir una mesa paritaria en la que estarán representados el Gobierno y los sindicatos, y que a partir de la próxima semana "trabajará intensamente" en la puesta en marcha de la Oferta de Empleo Público para 2008.

El consejero ha remarcado que, de cara a próximas convocatorias, las ofertas de empleo público de la comunidad autónoma tendrán una reserva de un 5 por ciento de las plazas a personas con discapacidad, y de otro 5 por ciento para ese colectivo en el turno de promoción interna.

Además, un 50 por ciento de la OEP se reservará al turno de promoción interna, para facilitar la carrera profesional a los empleados del Gobierno.

Mediavilla ha enfatizado otras actuaciones de salud laboral, formación y para la "funcionalización" del personal laboral, que recoge el acuerdo alcanzado con los sindicatos UGT, CC.OO., CSI-CSIF y USO.

El consejero de Presidencia y Justicia ha señalado que "la gran virtud" del pacto reside en "haber encontrado el punto de encuentro" entre las posturas del Gobierno y los representantes de los trabajadores, "cada uno defendiendo sus posturas pero siempre intentando preservar el interés público", ha remachado.

Ha considerado, además, que el acuerdo permite "hacer frente" la negociación del VIII Convenio Colectivo "con las reglas del juego ya fijadas".

Los sindicatos se han felicitado por haber logrado "el mejor acuerdo posible", que, a sus ojos, "cubre las expectativas" que los empleados públicos venían "arrastrando", tras "muchos meses" de negociación y "desencuentros".