Denuncian restricciones a la libertad de expresión y concentración de medios en México

Washington.-  La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) denunciaron hoy ante la CIDH las restricciones a la libertad de expresión de la prensa y la concentración de medios de comunicación en México.

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(EFE)

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) denunciaron hoy ante la CIDH las restricciones a la libertad de expresión de la prensa y la concentración de medios de comunicación en México.

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Mario Solórzano, de CMDPDH, señaló que la situación en México "se mantiene aguda" con respecto a la libertad de expresión y las agresiones contra periodistas persisten.

Según las organizaciones, en lo que va de año ha habido 27 incidentes contra periodistas.

La CMDPDH señaló que cinco estados han derogado los delitos de difamación y calumnia del ámbito penal, lo que supone un avance, pero en otros sigue siendo un delito.

Solórzano afirmó que México necesita una legislación que favorezca el acceso a las frecuencias, incluya las radios comunitarias y elimine la "perpetuidad" en las concesiones.

El panorama actual "propicia una mayor concentración de medios y una mayor posibilidad de riesgo para la censura directa o indirecta", señaló.

José Agustín Pineda, de AMEDI, consideró importante la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidió que algunos aspectos de las leyes Federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones eran inconstitucionales.

Según Aleida Calleja, de la misma organización, la concentración de los medios en México es tal que el "95 por ciento de la televisión está controlada por dos familias y 13 concentran el 90 por ciento de las frecuencias radiofónicas".

"Esos monopolios o oligopolios atentan contra la libertad de expresión, al no permitir la pluralidad informativa y con eso violentan el derecho a la información de la población", dijo.

Para ambos organismos, el de la periodista Carmen Aristegui podría constituir uno de los casos paradigmáticos de agresión a la sociedad por vía de la vulneración de su derecho a la información.

La periodista mexicana, ex presentadora de W Radio, propiedad de Televisa, "construyó durante cinco años un espacio con la más alta audiencia del país", al emitir informaciones exclusivas y especiales que "tocaron los puntos sensibles de la vida pública mexicana".

"El grupo español Prisa decidió no renovar su contrato con el argumento de la incompatibilidad editorial", señaló Calleja.

Para AMEDI, podría "existir la posibilidad de una censura indirecta por sacar del aire un espacio vital para el derecho a la información de la población".

Televisa Radio, empresa participada por Televisa y Prisa, hizo público en su día un comunicado en el que aseguró que la decisión de no renovar el contrato a la periodista mexicana se enmarcaba en un proceso de "renovación, actualización y expansión" de W Radio.

Las organizaciones pidieron a la CIDH que establezca criterios para determinar hasta dónde debe llegar la libertad de empresa frente al derecho a la información de la sociedad, así como una vista al país, que podría efectuarse en mayo.

Por parte del Gobierno mexicano, el director general adjunto de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Armando Vivanco, expresó la "voluntad de cooperación y de diálogo" del Ejecutivo en esta materia, y señaló que el Estado ha reiterado en varias ocasiones su responsabilidad en garantizar la libertad de expresión y la pluralidad de medios de comunicación.

El senador Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, afirmó, a su vez, que en dos meses "debería estar aprobada la nueva ley.