Vitoria.- El Gobierno Vasco ha pedido una vez más el archivo de la causa y el sobreseimiento del proceso que se sigue en el caso "Egunkaria", al cumplirse hoy cinco años del cierre de este periódico vasco, ya que considera que "se actuó en base a acusaciones sin prueba".
El Gobierno Vasco ha pedido una vez más el archivo de la causa y el sobreseimiento del proceso que se sigue en el caso "Egunkaria", al cumplirse hoy cinco años del cierre de este periódico vasco, ya que considera que "se actuó en base a acusaciones sin prueba".
El Gobierno Vasco, en su Consejo de ayer, analizó el cierre de "Euskaldunon Egunkaria" y acordó hacer pública su reflexión hoy, según una nota del Ejecutivo autonómico.
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó el 20 de febrero de 2003 la clausura de "Euskaldunon Egunkaria" y la detención de varias personas relacionadas con el rotativo por presunta colaboración con ETA.
El Gobierno Vasco asegura que este caso es "el mejor ejemplo de una manera de actuar que nunca debería haber ocurrido en democracia, característico de un tiempo en el que se instrumentalizaron los diferentes poderes del Estado en beneficio de una estrategia partidista de gobernar".
En la apertura del proceso penal contra Egunkaria "se dio un impulso político del gobierno del Partido Popular, que trascendía la potestad de orientar la política criminal a través del Ministerio Fiscal", añade el comunicado.
Además, según el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, "se actuó, en este y en otros casos, en base a acusaciones sin prueba" y desde "prejuicios derivados de un ámbito extrajudicial, prejuzgando no ya a personas, sino a una entidad, desde la presunción de culpabilidad".
La actuación contra el periódico vasco supuso, a juicio del Gobierno vasco, "no sólo incoar un procedimiento a personas a la espera de procesamiento" sino que mediante el cierre "se juzgó como culpable a una entidad, un medio de comunicación".
Todo ello, subraya, a pesar de que "en la propia filosofía política en los países democráticos se requieren pruebas contundentes para siquiera abrir un mero procedimiento contra la prensa, que simboliza la libertad en si misma".
"Es significativo que el cierre no se tramitara desde las previsiones constitucionales sobre medios de comunicación, que no han sido utilizadas nunca en la reciente historia democrática del Estado español, sino desde el atajo de acusaciones de colaboración con el terrorismo", asegura el Ejecutivo regional.
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