El fiscal rebaja a 25 años la petición de pena a un hombre y su hijo por un homicidio en Granada

Granada.-  La Fiscalía ha rebajado hoy de 34 a 25 años su petición de cárcel para dos hombres, padre e hijo, enjuiciados por el apuñalamiento mortal de un joven en el populoso barrio granadino del Zaidín, que tuvo lugar la pasada Navidad, el 5 de enero de 2007, vísperas del Día de Reyes.

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(EFE)

La Fiscalía ha rebajado de 34 a 25 años su petición de cárcel para dos hombres, padre e hijo (en la imagen, saliendo de la Audiencia de Granada), enjuiciados por el apuñalamiento mortal de un joven.

El Ministerio Público, la única acusación ejercida en este caso, ha modificado sus conclusiones y ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de homicidio simple y no de asesinato, como en principio, por lo pide para cada uno de los acusados 12 años y medio de prisión.

No obstante, el fiscal sí ha considerado el "abuso de superioridad" como una circunstancia modificativa de la responsabilidad de los procesados, D.A.A. y su progenitor C.A.O., juzgados por un Tribunal del Jurado desde el pasado lunes en la Audiencia de Granada.

En sus informes, la acusación pública ha destacado la "desigualdad" y la "desproporción" del enfrentamiento que se saldó con la muerte de Ángel Luis R.R., contra quien D.A.A., según el fiscal, tenía pretensiones "vindicativas" o "de venganza" para saldar "desavenencias" anteriores.

La Fiscalía ha mantenido que no concurren eximentes o atenuantes en los enjuiciados de legítima defensa, confesión, trastorno mental o reparación del daño, como argumentan sus defensas, y que aunque la muerte no hubiera sido "buscada", sí fue "voluntariamente querida".

Aunque fue D.A.A. quien apuñaló a la víctima, el Ministerio Público sostiene además que su padre, al que considera coautor, actuó "plenamente" en los hechos, haciéndose "partícipe" de los mismos.

"Por muy mala que hubiese sido la víctima, nadie estaba legitimado para su ejecución", ha advertido el fiscal, quien ha negado que los encausados confesaran los hechos ante la Guardia Civil sino que, más bien, se personaron en el cuartel de La Zubia como denunciantes y perjudicados.

Por su parte, las defensas de los acusados entienden que los hechos constituyen un delito de homicidio, del que únicamente sería autor D.A.A. ya que no ven conducta delictiva en la actuación de su padre, aunque piden la libre absolución de ambos al considerar circunstancias eximentes y atenuantes.

Según uno de los letrados de la defensa, la versión de la Fiscalía se basa en "conjeturas" y no ha tenido en cuenta que D.A.A. actuó en legítima defensa y sufrió durante los hechos un "trastorno mental transitorio".

Argumentan asimismo que confesaron lo ocurrido, facilitaron en todo momento la investigación y ya han reparado económica el daño de los familiares de la víctima.

Antes de que los miembros del jurado emitan su veredicto de culpabilidad y no culpabilidad, D.A.A. ha ejercido su derecho a la última palabra y ha asegurado que actuó "como cualquier persona ante una situación de pánico, que le puede pasar a cualquiera".