La Audiencia procesa a militares del gobierno ruandés por el asesinato de religiosos y civiles españoles

MADRID.-  El titular del juzgado de instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acaba de acusar formalmente a cuarenta militares del gobierno de Ruanda de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. El magistrado, en su auto de procesamiento, les culpa de tomar el poder por la fuerza y de instaurar un régimen de terror y limpieza étnica contra la tribu hutu. Entre los asesinados, nueve españoles, seis religiosos y tres civiles.

(EFE)

Voluntarios depositan un ataúd con los restos de las víctimas del genocidio de 1994 en Murambi, Ruanda.

Estos asesinatos se produjeron entre los años 1994 y 2000. Todas las víctimas tenían en común que trabajaban en campos de refugiados, defendían los derechos humanos y denunciaban los sufrimientos de los desplazados por la guerra. El juez Andreu no ha podido procesar al actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, ni al comandante en jefe del ejército porque "tienen inmunidad de jurisdicción y de ejecución", según el auto del juez. Los acusados en la década de los 90 fueron jefes del APR (el denominado Ejército Patriótico Ruandés).

El magistrado ha contado con el testimonio estremecedor de 22 testigos, que han ido pasando por el juzgado discretamente en el último año, personas que incluso tuvieron responsabilidad en la seguridad personal de Kagame y que ahora son testigos protegidos del juez.

El caso del padre Joaquín Vallmajó es muy significativo. Un día antes de su desaparición, el misionero fue interceptado por un control militar del APR. Le amenazaron porque "en tus homilías hablas mal de nosotros… tú pagarás algún día". Al día siguiente fue apresado y su cuerpo todavía no ha aparecido.

La muerte del sacerdote Servando García y de otros tres religiosos maristas también es espeluznante. Vivían en un campo de casi 30.000 refugiados ruandeses administrado por Cruz Roja, donde se encargaban de enseñar a los niños de primaria. Los maristas decidieron quedarse allí a pesar de que las tropas rebeldes se acercaban. El 30 de octubre de 1996, a través de una comunicación con la Cope pidió ayuda internacional para los refugiados.

Al día siguiente, habló con su primo por teléfono y se despidió de esta manera: "Te dejo, tenemos visita...- ¿Buena o mala?...–Parece que mala". Diez días más tarde los cuerpos de los cuatro religisosos aparecieron sin vida en un pozo de doce metros de profundidad. Habían sido torturados y machacados a balazos.

Otros tres españoles miembros de Médicos del Mundo que trabajaban en el campo de Mugunga y que fueron testigos del asesinato de decenas de personas fueron masacrados en su residencia.

Por los testigos se sabe que para asesinar a personas de raza blanca era necesaria una orden de altos cargos militares. En el caso de los miembros de la ONG, se decidió tras una reunión entre varios de los militares procesados.