La juez no descarta hechos penalmente relevantes en el auto de reapertura de la causa

Santiago de Compostela.-  La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela, María Elena Fernández, ha reabierto la causa sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la Ciudad de la Cultura durante el Gobierno del PP y no descartó la existencia de hechos "penalmente relevantes".

La Xunta, los partidos y el colectivo "Cultura si. Mausoleo non" han expresado su respeto por esta decisión judicial, que consideraron positiva para el esclarecimiento de lo sucedido y, en concreto el PP, abogó por aclarar el caso en "defensa del buen nombre de los altos cargos" referidos en este asunto.

En el auto de 22 de enero de 2008, al que tuvo acceso Efe, la magistrada considera que la única diligencia útil es la pericial, propuesta por el Ministerio Fiscal, para concretar si alguna irregularidad administrativa mencionada en el informe del Consello de Contas, del desfase presupuestario y desvío económico, cabe "extraer hechos de relevancia penal".

Ésta debe correr a cargo de órganos propios de la Administración, que actuarán incluso de oficio, para concretar si de las irregularidades mencionadas cabe extraer hechos de relevancia penal.

Descarta, por lo tanto, comenzar la instrucción con declaraciones de testigos o imputados, o con la incorporación del expediente administrativo sobre la construcción de la Ciudad de la Cultura.

En dicho auto se estiman parcialmente los recursos de reforma interpuestos por el Ministerio Fiscal y Mar Peteiro Cabanas, del colectivo "Cultura sí. Mausoleo non", contra el auto de 25 de octubre de 2007 por el que se acordaba sobreseer la causa.

En él se consideraba que la única información acompañada a la denuncia, el informe de fiscalización, no concluía la "existencia de hechos con relevancia penal ni indicios de responsabilidad criminal" que "justificasen la incoación del procedimiento".

En el nuevo auto, la magistrada alude a que los recurrentes entienden que "sí existen indicios de que determinados hechos" que mencionan en su recurso "puedan ser constitutivos de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones".

"Visto el contenido de los recursos presentados y tras un nuevo examen del informe del Consello de Contas deben estimarse, al menos parcialmente" los mismos, pues "es cierto que no cabe excluir ab initio que no existan hechos penalmente relevantes".

Pese a ello, precisa que por lo "prematuro de la judicialización del asunto" no pueda calificarse más que de forma "provisional e indiciariamente" contra las personas de la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia y Xunta de Galicia en la etapa a la que se refiere la labor fiscalizadora del Consello de Contas (1999-2004) que puedan resultar responsables de los mismos.

Contra el auto, notificado ayer a las partes, cabe recurso de apelación en un plazo de tres días, informaron a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Tras conocer la noticia, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, destacó la autonomía del poder judicial, al igual que la conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, quien aseguró que el proceso abierto en el juzgado compostelano "no interferirá para nada" en el desarrollo de la obra previsto por la Xunta.

El PP expresó su "respeto" por esta decisión y dijo que la "garantía" de "los altos cargos que actuaron es hacerlo a través del amparo judicial porque si no se está ensuciando su nombre".

Para el PSOE "está claro" que la Xunta del PPdeG cometió "graves irregularidades" y "no respetó la pureza necesaria" en la gestión de los fondos públicos, mientras que para el BNG este hecho "pone a cada uno en su sitio", relataron a Efe.

Por su parte, el presidente del colectivo "Cultura si, Mausoleo Non", Xan Carlos Ansia, declaró a Efe que, si la Justicia "es correcta y se aplica el Código Penal, tiene que haber personas que incurrieron en delitos", por lo que "habrá altos cargos del Gobierno de la Xunta del PP condenados", precisó.