Azkarraga dice que con las "garantías" de la Ertzaintza "no estaríamos" ante un caso como el de Igor Portu

BILBAO.-  El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, advirtió hoy de que en el País Vasco, con las "garantías" para los detenidos que ofrece la Ertzaintza, "no estaríamos ante un problema" como el de la denuncia de torturas por parte del presunto miembro de ETA Igor Portu.

(EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, advirtió hoy de que en el País Vasco, con las "garantías" para los detenidos que ofrece la Ertzaintza, "no estaríamos ante un problema" como el de la denuncia de torturas por parte del presunto miembro de ETA Igor Portu.

Además, Azkarraga indicó que "si ha habido irregularidades", además de contra quienes las han cometido directamente, habrá que "proceder también" contra "quienes desde el ámbito político les han dado cobertura, entre ellos el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma".

En una entrevista en Deia, recogida por Europa Press, en referencia a la hospitalización por presuntas torturas de Portu, el consejero acusó al PSOE y al PP de ser "expertos no sólo en limitar los derechos y las libertades, sino también en tratar de ocultar las pruebas que puedan implicar a quienes actúan al margen de la ley".

"Tengo la impresión de que el ministro de Interior compareció cuando no tuvo más remedio. Y lo hizo, como suele ser habitual en los ministros de Interior de todos los gobiernos españoles que ha habido, para hacer suya la versión de la Guardia Civil, para no dejar ningún margen de duda, cuando lo lógico es que, al menos, se propicie desde el propio Ministerio de Interior una investigación en profundidad sobre lo ocurrido. Lo único que hace con esta forma de proceder es dar cobertura a presuntas irregularidades cometidas por funcionarios", añadió.

El consejero pidió que se investigue este caso "hasta sus últimas consecuencias" y, en caso de que se constaten "irregularidades", se proceda contra los funcionarios que las hayan cometido, pero también contra "quienes desde el ámbito político les han dado cobertura, entre ellos el ministro de Interior y el delegado del Gobierno en el País Vasco".

Azkarraga aseguró que el Gobierno central no le merece "ninguna" credibilidad y "mucho menos después de escuchar al ministro de Interior" o a "un prohombre del socialismo español como José Bono, que animaba a que hubiera bajas, pero en el otro bando".

"El problema es que no existen garantías --en el Estado--. Si mínimamente existieran las garantías que tenemos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca por parte de la Ertzaintza, no estaríamos ante un problema como éste. No existen garantías cuando hay una ley antiterrorista que avala la incomunicación de los detenidos, con lo cual se producen espacios de opacidad que pueden dar lugar a situaciones de estas características", dijo.

Para Azkarraga, si el Ministerio del Interior hubiera hecho "lo que el Gobierno vasco, que ha colocado unas cámaras en los centros de detención que graban todo el periodo de detención", esa "opacidad no existiría".

En este sentido, reiteró su apuesta por la derogación de la Ley Antiterrorista en lo que respecta a la incomunicación y la prolongación del espacio de la detención porque "merman" los derechos y libertades.

Preguntado por las acusaciones de equidistancia, Azkarraga advirtió de que seguirá "defendiendo el mismo criterio contra ETA con mucha rotundidad, pero también contra cualquier merma de derechos en otros ámbitos". "Y eso no es equidistancia. Los derechos humanos son un todo. No son sólo una parte, que es aquella que interesa a los partidos de ámbito estatal o al Gobierno español", agregó.

Sobre la izquierda abertzale, explicó que "carece de cualquier legitimidad" en este asunto de las posibles torturas, "incluso para usar como arma política lo que ha ocurrido", ya que este colectivo sigue "mirando para otro lado" ante cuestiones como el asesinato de los dos guardias civiles en Capbreton (Francia).

"Quienes tenemos legitimidad para exigir que se investigue hasta el final somos los que de manera continuada exigimos el fin del terrorismo y la violencia y quienes condenamos los atentados. Y no la tienen quienes se preocupan por este tipo de cosas pero miran a otro lado cuando ETA atenta contra personas y bienes de este país", reiteró.

ILEGALIZACION ANV

El consejero criticó la previsible ilegalización de ANV que, explicó, obedecerá a "los mismos intereses partidistas que se tuvieron en cuenta a la hora de la presencia o no de esta misma formación política en las elecciones municipales y forales".

Para Azkarraga, se ilegaliza "allí donde partidistamente puede interesar al Partido Socialista" y, además, manifestó su "impresión" de que "la presión del PP va a obligar al PSOE, al Gobierno español y a la Fiscalía General" a ilegalizar a ANV "por razones partidistas, estrictamente de caladero de votos, y no porque la no condena --de ETA-- suponga motivo de ilegalización".

Sin embargo, subrayó que "gran parte" de la situación que vive ANV es "responsabilidad de ellos mismos", porque la formación "ha renunciado a su autonomía política y la izquierda abertzale ya ni se acuerda de que su propuesta de Anoeta apostaba por las vías políticas y democráticas".

Por último reiteró que este año 2008 será el del "debate político, de la confrontación de ideas y de la solución política". "Tengo la seguridad de que el 25 de octubre habrá consulta", añadió.