Detenidas 28 personas como presuntos autores de delitos contra la propiedad intelectual y fraude

SEVILLA.-  Agentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas, algunas de ellas en municipios de Sevilla y Málaga, como presuntos responsables de diversos delitos contra la propiedad intelectual y fraude de las telecomunicaciones. Entre los arrestados figuran titulares y administradores de establecimientos hoteleros, responsables de redes locales de televisión por cable, presidentes de comunidades de vecinos e instaladores.

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EP (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas, algunas de ellas en municipios de Sevilla y Málaga, como presuntos responsables de diversos delitos contra la propiedad intelectual y fraude de las telecomunicaciones. Entre los arrestados figuran titulares y administradores de establecimientos hoteleros, responsables de redes locales de televisión por cable, presidentes de comunidades de vecinos e instaladores.

En un comunicado, la Policía precisó que la operación 'Ríos', realizada por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la UDEV Central, ha abordado el fraude en toda su amplitud, incluyendo en la investigación la denominada "piratería tecnológica". Se estima que la estafa ocasionada a los titulares de los derechos asciende a ocho millones de euros.

Así, han sido arrestados varios distribuidores de descodificadores manipulados y preparados para acceder de manera fraudulenta a los contenidos audiovisuales de acceso condicional. Anunciaban la venta de los descodificadores manipulados en diferentes portales de Internet para asegurarse una mayor "clientela" y, por tanto, unos mayores ingresos.

Los investigadores de la UDEV Central han contado con la colaboración de las brigadas provinciales de Policía Judicial de Madrid, Alicante, Málaga, Soria y Logroño. También han participado las de Vigo (Pontevedra), Elche (Alicante), Coria del Río (Sevilla) y Astorga (León).

REDES LOCALES DE TELEVISIÓN

La operación policial se inició a raíz de las denuncias interpuestas por las entidades perjudicadas tras las cuales se practicaron registros en centros emisores de televisión y en domicilios, tanto sociales como particulares, de empresas titulares de redes locales de cable.

Éstos estaban ubicados en las localidades de malagueñas de Nerja y San Pedro de Alcántara; en las sevillanas de Puebla del Río y de Coria del Río; en Val de San Lorenzo (León) y en el municipio madrileño de Fuenlabrada. Eran utilizados para "teledistribuir" de manera ilícita canales de acceso condicional.

Además de estos contenidos, realizaban compras de emisiones de pago por visión (partidos de fútbol, películas o corridas taurinas) y una vez descodificados, redistribuían la señal de manera no autorizada a sus "clientes", que pagaban una cuota como abonados a las redes locales o a terceros.

Durante otra fase de la investigación se localizaron distribuciones ilícitas en hoteles y en comunidades de vecinos que utilizaban un único descodificador, correspondiente a una suscripción como abonado particular, y lo utilizaban para "montar" una cabecera desde la que se distribuían los contenidos de acceso condicional en cada habitación del hotel o en las viviendas de la comunidad.

Por estos hechos han sido inspeccionados cuatro establecimientos hoteleros en las localidades de Soria; Tuy y Bayona en Pontevedra y en Astorga (León). De igual modo se ha procedido en cuatro comunidades de vecinos en Elche (Alicante), Manzanares (Ciudad Real) y Lora del Río (Sevilla)

EFECTOS INTERVENIDOS

En total, se han intervenido 52 descodificadores y 29 tarjetas de acceso condicionado, junto con diversa documentación acreditativa de la actividad ilícita mantenida. En algunos casos se ha procedido a la desinstalación física de los amplificadores de señal situados en la vía pública (en paredes de fachadas de edificios) y del tendido aéreo de cables que servían para la distribución de contenidos a los abonados de las redes locales intervenidas.

Asimismo, en la operación se ha contado con el apoyo de técnicos en telecomunicaciones y de peritos autorizados por el Ministerio de Cultura. Las entidades denunciantes han manifestado su "absoluta satisfacción" por la intervención llevada a cabo, denotando la gravedad económica del fraude que soportan con este tipo de actividad ilícita.