Bogotá.- El Gobierno colombiano sabía de las interceptaciones que hacía la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), señaló hoy el ex director de esa dependencia, general en retiro Guillermo Chávez, acusado junto a cuatro oficiales de las escuchas a varias personalidades denunciada en mayo pasado.
Las interceptaciones ocurrieron entre el 14 y el 21 de mayo de 2007, según las denuncias recibidas de parte de políticos y personajes colombianos que se sintieron afectados.
"La Dirección de Inteligencia no es una rueda suelta en el engranaje del Gobierno y de la institución", declaró Chávez, un día después de que la Procuraduría General formulase cargos en su contra.
Además de Chávez, la misma Procuraduría acusó a tres coroneles y una mayor de la misma institución, al establecer su presunta responsabilidad en interceptación de comunicaciones telefónicas a varias personalidades del país denunciada en mayo pasado.
Chávez se defendió hoy en la emisora "La FM" y dijo que "la Policía cuenta con un director, un subdirector y varias direcciones, (y) esos serían los mandos naturales y a su vez, el director de la Policía tiene como jefe al ministro de Defensa".
El general en retiro añadió que aunque no ha podido leer el pliego de cargos que fue elevado en su contra, porque no ha sido notificado por las autoridades competentes, está muy sorprendido ya que labores de inteligencia no solo se realizan dentro de la Policía sino en diferentes instituciones.
"Qué estarán pensando los profesionales que trabajan en los servicios de inteligencia del país, pues lo mismo que nos sucedió a nosotros le puede suceder a ellos", subrayó.
Hace 15 días tanto el ex director de la Policía general Jorge Daniel Castro, como Chávez, fueron condecorados por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, por su labor mientras estuvieron al servicio del Gobierno.
Según Chávez, "del presidente solo recibimos palabras de agradecimiento, pero con lo de la Procuraduría parece que se aplicara la ley de la zanahoria y el garrote"
Los hechos denunciados por la Procuraduría ocurrieron entre el 14 y el 21 de mayo de 2007, según las denuncias recibidas por la entidad, de parte de políticos y personajes que se sintieron afectados.
En los cargos se señala que los miembros de la Policía pudieron "incurrir en supuesta extralimitación de sus funciones, al realizar interceptaciones ilegales de sus comunicaciones omitiendo el control y la seguridad de los resultados de las labores de inteligencia".
Con ello, se permitió "la fuga de información, destruyendo y borrando datos sometidos a reserva, abusando de su autoridad y violando el derecho a la intimidad", añadió.
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