La Paz.- El Gobierno de Bolivia afirmó hoy que no teme la posible llegada de observadores internacionales al país para verificar in situ los "atropellos" a la democracia que, según la oposición, ha cometido el presidente Evo Morales.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza (d), se reunió ayer con cinco mandatarios regionales que se oponen al presidente Evo Morales, entre ellos el gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Rubén Costas (i).
"¿Por qué tendría que tener temor? El Gobierno (boliviano) es de total transparencia y respeto a los derechos humanos", declaró el ministro de Exteriores, David Choquehuanca, en una rueda de prensa en La Paz.
"Estamos totalmente de acuerdo con que puedan venir veedores internacionales al país", aseguró el canciller, al subrayar que al Gobierno le interesa "que vean con sus propios ojos" lo que está pasando en Bolivia.
La oposición boliviana ha denunciado que la aprobación en primera instancia del proyecto de Constitución de Morales se hizo de forma ilegal, porque fue en un colegio militar de la ciudad de Sucre, solo con representantes del partido oficialista y algunos aliados, y en medio de disturbios que causaron tres muertos y unos 300 heridos.
Además, hace una semana, parlamentarios pro gubernamentales reformaron la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente para que pueda trasladar sus sesiones de Sucre a cualquier otra ciudad y aprobaron otra norma para pagar un bono de vejez con parte de los presupuestos regionales.
Esa sesión se llevó a cabo mientras grupos de campesinos e indígenas afines a Morales impedían que los opositores entraran al Congreso.
Desde el lunes, los prefectos (gobernadores) de las regiones de Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Tarija, todos opositores a Morales, están en EE.UU. para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU la actuación "ilegal" de Morales y su partido en la Constituyente y el Congreso.
Los gobernadores le solicitaron el martes en Washington al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, que envíe una misión a Bolivia para verificar in situ los "atropellos" que consideran se están cometiendo contra la democracia.
También está en Washington una delegación del Gobierno boliviano, con el objetivo de denunciar ante la OEA que la oposición conservadora pretende "desgastar" a Morales y generar condiciones para una "crisis política" en el país.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, que forma parte de esa delegación boliviana, señaló que el Ejecutivo de Morales no ha solicitado la mediación de la OEA, porque el presidente "ya ha hecho varios llamados al diálogo".
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