Washington.- El Tribunal Supremo de Justicia de EE.UU. escuchará la próxima semana argumentos sobre los derechos y el tratamiento de cientos de hombres recluidos en el centro de detención de la base naval de Guantánamo, indicaron hoy grupos de abogados.
ACLU y otros grupos defensores de los derechos humanos pidieron que se divulguen tres memorandos secretos en los que se autorizaron los "métodos duros" de interrogatorio.
El 5 de diciembre, el Tribunal "se ocupará de casos que están interconectados y reflejan todos partes integrales de la respuesta de la administración (del presidente George W.) Bush a los ataques terroristas de septiembre de 2001", dijo Steven Shapiro, de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, sigla en inglés).
El Tribunal escuchará los argumentos tanto del Gobierno como de los abogados que han asumido la representación de detenidos en esa base naval.
El caso central es un reclamo de hábeas corpus en favor de Lakmar Boumediene, uno de los seis hombres nacidos en Argelia, cinco de ellos naturalizados bosnios, entregados en enero de 2002 por el gobierno de Bosnia Herzegovina al de Washington.
Ninguno de ellos ha sido acusado formalmente por Estados Unidos.
"Lo que está en juego aquí es el derecho fundamental de una persona detenida a cuestionar las razones para su detención, a que se le informe de los cargos y se le someta a juicio, o se le deje en libertad", dijo Shapiro en una conferencia de prensa.
Desde comienzos de 2002 Estados Unidos ha capturado en diferentes partes del mundo a miles de personas como supuestos terroristas, y cientos han permanecido recluidos en la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo (Cuba), sin juicio, sin defensa legal, y sometidos a maltratos.
"El derecho de hábeas corpus, que se remonta a la Carta Magna de Inglaterra, está protegido por leyes del Congreso de EE.UU.", recordó Shapiro.
Jonathan Hafetz, del Centro Brennan para la Justicia, dijo que uno de los argumentos de la administración Bush es que la Constitución solo se aplica dentro del territorio de EE.UU. y que Guantánamo no lo es.
"A todos los efectos, solo la ley federal de Estados Unidos se aplica en Guantánamo, todas las leyes, hasta las que protegen a las iguanas", agregó.
Shapiro opinó que el gobierno Bush "eligió cuidadosamente Guantánamo, porque podría argumentar que no es parte del territorio de EE.UU., pero el Tribunal Supremo, que ya en 2004 dictaminó que Guantánamo está bajo la ley de Estados Unidos, probablemente rechazará este argumento".
En el caso de Salim Ahmed Hamdan, otro detenido, el Tribunal Supremo escuchará argumentos acerca de si las "comisiones militares tienen autoridad para juzgar" a ese hombre que supuestamente fue conductor del jefe de Al Qaeda, Osama Bin Laden, explicó Hina Shamsi, de ACLU.
Las "comisiones especiales" son tribunales militares creados para el procesamiento de los individuos a quienes Bush califica como "enemigos combatientes ilegales" y a quienes Washington no reconoce como prisioneros de guerra ni amparados por las Convenciones de Ginebra.
Sólo un puñado de los cientos de hombres confinados en Guantánamo han sido acusados de crímenes por Estados Unidos y apenas tres han sido procesados ante las "comisiones militares".
En estos tribunales, el acusado no puede ver las pruebas que se presentan en su contra y la defensa está a cargo de oficiales militares subalternos de los magistrados.
Según Amrit Sing, abogada de ACLU y coautora del libro "La administración de la tortura", que las normas de funcionamiento de esos tribunales castrenses proscriben como prueba todo testimonio obtenido mediante abusos físicos o psicológicos de los detenidos.
"Pero la verdad es que tampoco se ha podido obtener información sobre los métodos de interrogatorio", añadió.
ACLU y otros grupos defensores de los derechos humanos pidieron que se divulguen tres memorandos secretos del Departamento de Justicia en los que, aparentemente, se autorizaron los "métodos duros" de interrogatorio aplicados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
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