La Asamblea Constituyente comenzará con la incertidumbre sobre el alcance de los poderes

Quito.-  La Asamblea Constituyente de Ecuador, el principal proyecto político del presidente Rafael Correa, quedará instalada mañana sin que se haya despejado la incertidumbre sobre el el alcance de sus "plenos poderes" ante las instituciones del Estado.

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Esos "plenos poderes" han sido precisamente el eje de un pulso entre el Gobierno y la oposición desde que Correa anunció su iniciativa, ya que el gobernante, cuyo partido tiene 80 de los 130 escaños de la Asamblea, defiende que ésta pueda destituir a cualquier cargo electo o disolver el Parlamento, elegido en 2006.

El objetivo de la Asamblea es elaborar una nueva Constitución, aunque Correa ha asegurado que es el inicio de un profundo cambio en la estructura política y administrativa del país.

Con ese propósito fue su partido, Acuerdo País, a las elecciones constituyentes del pasado 30 de septiembre, en las que obtuvo un contundente 60 por ciento, que le significó la mayoría de la Asamblea, un respaldo que Correa no tiene en el Congreso, dominado por fuerzas opositoras de derecha.

Desde la misma campaña presidencial de 2006 el proyecto de Correa tuvo partidarios y detractores al anunciar que promovería una Asamblea para redactar la vigésima Carta Magna de Ecuador.

El pasado 15 de enero, el día que juró como presidente, Correa convocó un referéndum para que la población decidiera si apoyaba la convocatoria de la Constituyente, lo que desató una crisis política con un grave enfrentamiento en marzo entre el Parlamento y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el que el Ejecutivo terció a favor del último.

Aunque la mayoría de los diputados decían admitir la Asamblea, el Parlamento, enfrentado al TSE porque había convocado la consulta para el 15 de abril con un estatuto propuesto por el Ejecutivo y sin consultar al Legislativo, decidió con 52 votos sustituir al presidente del organismo electoral, Jorge Acosta.

Al no existir la figura del "reemplazo" en la legislación, Acosta ignoró la decisión del Parlamento y, apoyado por la mayoría del TSE y por el Gobierno, destituyó a los 52 diputados que querían sustituirlo, una medida que causó polémica.

También sumó a la lista de castigados a cinco legisladores que se habían presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por la convocatoria de la consulta.

Ninguno de los recursos presentados ante los tribunales locales y organismos internacionales, ni los innumerables reclamos de los destituidos les sirvieron para retornar al Parlamento, un paso que les impidió la Policía.

En medio de ese pulso político, los ecuatorianos llegaron a las urnas el 15 de abril y casi el 82 por ciento aprobó la convocatoria a la Constituyente, un aplastante apoyo al Ejecutivo que no dejó a la oposición otro camino que organizarse para acudir a los comicios para la Asamblea, en los que el partido de Correa volvió a arrasar.

La Constituyente tendrá plenos poderes y, aunque su estatuto contempla que las decisiones tendrán que ser aprobadas en referéndum, Correa ha asegurado que pondrá a disposición de la Asamblea su cargo y afirmado que los asambleístas deben disolver al Parlamento.

Correa sostiene que la Asamblea debe nombrar una comisión legislativa temporal, a lo que se opone la mayoría de grupos políticos en el Legislativo, que han comenzado a tomar medidas para afrontar la que se vaticina como una batalla jurídica y política.

La semana pasada, el presidente del Parlamento, Jorge Cevallos, acudió a la Fiscalía para solicitar la apertura de una investigación sobre quienes atacan al Parlamento y piden su cierre, lo que considera un atentado contra la institucionalidad de Ecuador.

El fiscal general, Jorge Germán, dijo que revisará la demanda y advirtió que "todo ciudadano está sometido a cumplir la ley, incluso el presidente" Correa.

Con ese panorama se instalará la Asamblea en la población de Montecristi, para redactar la Carta Magna que reemplazará a la de 1998 y reformar las instituciones del Estado, con un plazo de seis meses y una posible prórroga de otros dos.