El jurista español Castresana dice que la impunidad en Guatemala alcanza el 98%

México.-  El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el jurista español Carlos Castresana, afirmó hoy que la impunidad en ése país centroamericano llega al 98 por ciento.

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(EFE)

Castresana (en la imagen) explicó que en Guatemala "existen desde la etapa del conflicto armado grupos ilegales clandestinos insertados en las diferentes estructuras del estado".

El fiscal español, quién asistió hoy a la XXI Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en el oeste de México, sostuvo en entrevista con la emisora W Radio que el nivel de impunidad que alcanza "la institucionalidad" guatemalteca es del 98% pero se sitúa en "el cien en algunos delitos como los feminicidios".

Castresana, designado al frente de la CICIG en septiembre pasado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, explicó que en Guatemala "existen desde la etapa del conflicto armado grupos ilegales clandestinos insertados en las diferentes estructuras del estado".

Estos grupos, que antes "cometían crímenes, desapariciones, secuestros y torturas por razones políticas, ahora de manera casi natural frente a unas instituciones muy débiles (...) han ido degenerando en delincuencia organizada", sostuvo.

La comisión, que tiene un mandato de dos años para investigar la infiltración de las mafias en los organismos del estado, es en realidad "una fiscalía internacional" que busca "trabajar ante los tribunales guatemaltecos y procurar ayudar a las autoridades locales a satisfacer el deseo de anhelo y protección" de la población, dijo.

Según Castresana, la CICIG tiene una misión "muy difícil" que intentará cumplir con un equipo de unas 150 personas, de las cuales 50 serán personal de seguridad y el resto investigadores penales, juristas y administrativos.

La meta es que la Comisión internacional trabaje "hombro con hombro" con las autoridades locales para que al final de su mandatos éstas puedan "ser capaces de armar las pruebas para las investigaciones y para los procesos penales que permitan que Guatemala disfrute de un nivel de justicia razonable", apuntó.

El jurista recalcó que el organismo que dirige tiene "una vocación muy clara de servicio. Nada de prepotencia, nada de pasar por encima de las autoridades guatemaltecas".

Sin embargo, reconoció: "es cierto" que la creación de la CICIG, aprobada por el Congreso guatemalteco en agosto pasado, supone una transferencia de una parte de la responsabilidad y de la soberanía de Guatemala a la comunidad internacional, algo que fue criticado por sectores de la derecha del país que lo consideran una intromisión.

En este sentido, consideró que se trata de "un gesto extraordinario de honestidad política que el Gobierno de Guatemala (...) tenga la sinceridad y la gallardía de acudir a Naciones Unidas y decir 'yo solo no puedo'".

La Comisión trabajará con "casos que resulten paradigmáticos", para "demostrar" a los trece millones de ciudadanos guatemaltecos que sí se pueden resolver los delitos, aseveró.