¿Puede ser el tijeretazo a la investigación una buena noticia para el contribuyente?

Tradicionalmente suele afirmarse que España es un país de grandes científicos, cuya culminación histórica fue el Premio Nobel que recibió Santiago Ramón y Cajal en 1906. Sin embargo, esto no quiere decir que España sea un país de Ciencia, como bien apuntó Javier Peláez, editor de la web «La Aldea Irreductible», ya que el grueso de científicos españoles se encuentra exiliado y ejerce su trabajo en otros países. Por tanto, los avances de nuestros científicos van a parar directamente en beneficio de otras potencias.

 En este contexto, el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, decidió al principio de su primera legislatura apostar por crear un Ministerio de Ciencia e Innovación, consciente del papel que nuestro I+D+i ejercerá en nuestro futuro. Sin embargo, el gobierno ha ido cortando las alas a este proyecto, quitando primero a este Ministerio las competencias de la Enseñanza Universitaria y reduciendo ahora en un 15% la partida para los organismos públicos de investigación en los Presupuestos Generales del Estado.

Si bien es completamente censurable este recorte y el escaso apoyo que reciben los científicos españoles, también debemos analizar los resultados que han obtenido nuestros científicos en los últimos años. Y en este sentido, descubrimos que la empresa privada ha sido capaz de generar más I +D + i que la pública. Según Antonio Hidalgo Nuchera, Profesor Titular de Organización de Empresas E.T.S. Ingenieros Industriales de la UPM, "Los niveles de calidad de las patentes son más elevados cuando se trata de empresas privadas en contraposición con los centros públicos de investigación y universidades, lo que explica la diferencia en el número de patentes concedidas a uno y otros colectivos". Desde luego que no se le puede acusar de no ejercer la autocrítica.

El mismo rector de la Universidad de Valencia, Francisco Tomás, apuesta por que la empresa privada destine parte de sus fondos a la investigación, ayudada por políticas fiscales que deben promover las autoridades. Gracias a empresas privadas y organismos públicos, por ejemplo, se ha convocado el Primer Concurso Nacional de Programadores para Videojuegos para Móvil, se ha definido la medida de los campos electromagnéticos de los radares civiles de aviación para AENA o se ha descubierto una cámara sepulcral pintada en Egipto con 3500 años de antigüedad. 

Porque la cuestión puede que no sea tanto si el Estado invierte o no lo suficientemente en Investigación científica, pues a todas luces los datos revelan que las cifras son bastante inferiores con respecto a nuestros vecinos europeos, si no si los distintos organismos públicos consiguen obtener réditos de sus esfuerzos. No conozco a ningún joven investigador español, pero ciertamente si su beca salario asciende a 11.000 euros brutos anuales, no es de locos suponer que los más brillantes no estarán trabajando para la hacienda pública, si no en empresas privadas o en el extranjero. ¿No sería más adecuado reducir las plazas para investigadores españoles y destinar ese dinero a pagarles más dignamente para  así retener a los mejores? O incluso si desde la propia universidad se está afirmando que la empresa privada gestiona mejor las partidas en I+D+i, ¿por qué no se potencia más el mecenazgo, las reducciones fiscales por investigación o la colaboración entre las empresas y el mundo universitario, como exige el tratado de Bolonia?

Por otro lado, habría que recordar que la inversión en I+D+i no tiene por qué tener siempre un beneficio directo en la sociedad, pues parte del mismo va destinado al desarrollo de armamento. En este sentido, habría que recordar que el país que más dinero invierte en I+D+i respecto su PIB es Israel (!), con un 4,7% en 2008, y que España es la octava potencia en venta de armas del mundo.

Quizás el error no haya sido tanto la reducción de la partida en Investigación para el Ministerio de Ciencia e Innovación, como el aumento en gasto social en otras partidas. En esta época de crisis económica, el gobierno debería de reconsiderar si España puede permitirse haber aumentado el número de funcionarios el año pasado en 116.200 personas cuando 684.600 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo, sobre todo si éste es capaz de generar más riqueza que aquél.

Lo que hay que lamentar no es el tijeretazo al Ministerio de Innovación y Tecnología, si no que éste no se haya producido de forma igual de drástica en el resto de Ministerios.