Un Watergate a la colombiana

Imagina por un momento que el presidente Zapatero y los miembros de su gobierno tuvieran pinchados los teléfonos de Pedro Jota Ramírez, Soraya Sáenz de Santamaría y Rosa Diez. O que los miembros de la mafia rusa o italiana que se encuentran en nuestro país utilizaran los servicios de inteligencia para sus fines criminales. Seguramente, se pediría de inmediato la renuncia del presidente o de los más altos cargos del Gobierno, así como una investigación exhaustiva de la institución. Pero en Colombia, la democracia que se jacta de ser las más “estable” de Sudamérica, parece que el escándalo de escuchas ilegales a la oposición que envuelve al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) -una especie de CNI a la colombiana- ha pasado sin pena ni gloria, no sólo por la prensa internacional, sino por los propios rotativos patrios.

Ceremonia de posesión del último director del DAS Felipe Muñoz, junto al presidente Álvaro Uribe, el pasado 22 de enero.

El escándalo saltaba hace unos días con la publicación de varios informes y testimonios de funcionarios del DAS en la revista Semana, que sostenían que el organismo había realizado escuchas ilegales a diferentes miembros de partidos en la oposición, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lideres sociales, sindicalistas y periodistas. El DAS, como cualquier otro aparato de inteligencia, es el órgano encargado de salvaguardar los intereses del Estado, y su función es la de investigar los delitos que amenacen su existencia. Además, depende directamente del presidente de la República y, en consecuencia, cualquier actuación que allí se realice es su responsabilidad directa.

Según los funcionarios entrevistados por Semana, uno de los objetivos del centro de inteligencia es monitorizar las actividades de las bandas criminales, tales como la guerrilla y el narcotráfico, “pero dentro de esos blancos también está, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro (senador del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo), que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla”, señalaba uno de ellos.

Parece una broma, pero el funcionario deja claro que para él y para la institución es normal que se investigue a estas personas sin ninguna orden judicial y pone de manifiesto que el organismo de inteligencia tiene asumidas prácticas mas cercanas a la KGB de Stalin. Petro, uno de los espiados, no titubea al afirmar que la sociedad colombiana vive bajo "un gobierno policial que ha destruido los espacios de la democracia, que no respeta los valores y los principios de la democracia, de nuestra Constitución. Ha usado la policía en función de destruir a la oposición y no de destruir al crimen".

Pero más allá de las escuchas a la oposición, la investigación pone de manifiesto unas actividades aún más delictivas si cabe. Se trata de la apropiación de los servicios secretos por parte de miembros de los carteles de la droga, paramilitares, guerrilleros e incluso particulares. Al parecer, se expedían certificados de antecedentes judiciales falsos a los paramilitares. También se permitió que un conocido narcotraficante pinchara el teléfono de uno de sus socios para saber si lo traicionaba y, lo más grave, se permitía que por solo tres mil euros se hicieran escuchas a cualquier persona. Es decir, cualquiera con la suficiente solvencia podía contactar con funcionarios del DAS para saber si su mujer le engañaba o si su socio le estaba estafando.

No es la primera vez que sucede. En 2007, el ex director del DAS, Jorge Noguera, fue acusado y procesado por poner al servicio de los paramilitares la inteligencia colombiana, borrando los antecedentes penales de miembros de este grupo ilegal, facilitando información, y dando nombres de sindicalistas y miembros de la oposición para que fueran eliminados. En esa ocasión, el presidente, Álvaro Uribe, defendió fuertemente a su funcionario y, antes de conocerse su orden de captura, este fue nombrado cónsul en Milán. 

En la tarde del domingo, cuerpos especiales de la fiscalía entraban en el organismo de inteligencia para investigar que sucedía, pero el fiscal ya ha dicho, al igual que el director del DAS y miembros del Gobierno, que son bandas organizadas que infiltran al Estado las responsables de los espionajes. Así, daban a entender que no existen responsables políticos en esta especie de Colombiangate o Watergate a la colombiana.

Por su parte, el presidente Uribe, lejos de pedir perdón por semejante escándalo, ha dicho que él mismo “se siente victima de esta infamia”. Si es real que el presidente no sabia que sucedía, entonces, hasta el mismo gobierno está vinculado con estas bandas, o por lo menos existe una delgada línea entre ellos. Porque si el DAS depende del gobierno y son las bandas criminales las que espían a la oposición, hay algo que no encaja. Es más, existe tal silencio respecto a este tema, que ni siquiera los cautos medios de comunicación, que también han sido espiados, apuntan como responsable de este escándalo al Gobierno colombiano o al propio Uribe y, aunque todas las miradas se dirigen al mandatario, él seguirá diciendo que nadie es responsable.