La última moda para reclamar de la administración pública nuestro derecho es, sin embargo, la primera vía que en un país civilizado debiera emplearse: la justicia.
El funcionario de guardia que los atendió puso unos ojos como platos de postre sin rebañar al atenderles. Era cierto, los denunciados respondían a los nombres depresidente Pérez Touriño y Anxo Quintana, presidente y vicepfresidente de la Xunta de Galicia respectivamente. Miraba la denuncia y a los denunciantes y, como si de un banco se tratara, no daba crédito imaginándose a aquellos en el banquillo. Pero era el Juzgado de Guardia y su trabajo tramitar las denuncias por pintorescas que estas sean. Lo que dijera su señoría huelga decirlo, sobre todo ahora que anda de movilizaciones.
El señor Miranda, José, el denunciante, no lo dudó por más que setenta y dos años parecieran muchos para estos berenjenales. Llegaba con la enésima callada por respuesta de la administración en una mano y el escrito acusatorio en la otra. Porque el cuidado de su madre, gran dependiente que ya ha visto las cien primaveras, era suficiente estímulo para denunciar como buen hijo a los padres de la Ley de Dependencia gallega, los mismos que le adeudan las ayudas prometidas desde Junio de 2007, todo un pellizco para comprobar que no soñaba.
Con la denuncia sellada en legal forma, a la salida de las dependencias judiciales se congregaban los medios de comunicación que, entre sorprendidos y divertidos, daban fe del acto. Y como si de un milagro se tratara aquello fue mano de santo, oiga, que en apenas minutos avisaron al denunciante para decirle que ya tenía el dinero a su disposición
No es este hombre persona de subirse a tejados ni amenazar con suicidarse si no le pagan, dicen quienes le conocen, porque la denuncia no es una de esas excentricidades a que nos estamos acostumbrados en estos días, no, que este cauce lo prevé la ley cuando las administraciones se salen de madre. Otra cosa es que no haya quien se atreva a ponerle los cascabeles a estos gatos siameses del bipartito. Que firmar una ley es refrendarla, es decir, asumir su autoría y, especialmente, la obligación de cumplirla una vez que se han marchado los fotógrafos con los flashes a otro lado. Que todos somos iguales ante la ley ya lo sabíamos, pero también que unos son más iguales que otros tal y como nos enseñaron aquellos cerdos que se rebelaron en la granja.
No es edificante pensar que haya que llegar a estos extremos para exigir nuestros derechos ciudadanos por la desidia administrativa, ni ayuda a la normalidad política. A fin de cuentas, sabido es que uno de los principales motores de la economía gallega son los interioristas del presidente Touriño. Y nada mejor para combatir el paro que las medidas de Quintana y sus colocaciones en el Consorcio Galego de Benestar, como tan bien como jocosamente nos enseñaba la diputada Marta Rodríguez Arias con su affaire notarial.
Sea como fuere se está extendiendo el temor de que iniciativas penales como la del señor Miranda se popularicen pero, hay que repetir, estas drásticas medidas con parecer tan exóticas, se encuentran legalmente previstas para los casos de funcionamiento anormal de la administración, especialmente agravadas cuando concurren daños o riesgo de ellos.
La denuncia, finalmente va a ser retirada una vez que se hayan verificados los pagos y ahí quedará la cosa salvo opinión en contra de la fiscalía, que no es de esperar. A los ciudadanos de a pie estos episodios nacionales nos gustan especialmente a la hora del desayuno, ver cómo se espolea a la administración exigiéndole que, o trabajan con más diligencia, o nos pasamos a las previas, y es que demostrado está, especialmente en campaña electoral, que más efectivo que las súplicas a los gobiernos son los suplicos ante los juzgados.
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