Las tecnología aplicada a la asistencia, una "revolución"

En la jornada de Clausura de la Escuela de Bienestar de la Diputación de Granada, Matilde Fernández destacó la iniciativa de que la comunidad andaluza “haya depositado competencias en las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos para implantar la ley de Dependencia”, por lo que opinó que Andalucía “lo está haciendo mejor que el resto regiones de España”.

En su conferencia sobre el ejercicio de la ciudadanía en las personas con dependencia, Fernández afirmó en cuanto al desarrollo de la ley que “llevará tiempo universalizar la atención a las personas que no pueden ser autónomas y dependen o bien de la tecnología o bien de terceras personas, pero de la misma manera que también ha llevado tiempo universalizar la educación, la sanidad o el sistema de pensiones”.  

Añadió que lo importante es “que se haga con un alto nivel de pacto entre los protagonistas para desarrollar la ley, y no importa que se haga en ocho, diez o quince años, sino que se asuma el reto de garantizar la calidad de vida y las prestaciones sociales para personas dependientes, y que a su vez genere empleo de calidad” 

La senadora socialista valoró durante su intervención en la Escuela la implantación de la ley de dependencia como un “derecho de ciudadanía”, y recordó, ante las críticas a su implantación, que la Seguridad Social en España “ya la teníamos en la dictadura, pero universalizar las pensiones nos llevó hasta 1990”.  

Matilde Fernández insistió en que “todas las administraciones deben jugar un papel y que los demás actores, sea el mercado o sean las organizaciones no lucrativas deben formar parte del pacto de los protagonistas para hacer entre todos bien, en cantidad y calidad, el desarrollo de esta ley”. 

Aludió a los estudios de observatorios para coincidir en la certeza de que “Andalucía lo está haciendo mejor que el resto regiones de España”, y destacó especialmente que Andalucía “haya depositado competencias en las Diputaciones y los Ayuntamientos porque es uno de los elementos básicos para ese mejor desarrollo de la ley”. En este sentido, felicitó a la Diputación de Granada por la organización de la Escuela de Bienestar “un foro ya veterano que sirve para cohesionar al sinfín de profesionales que participan en el desarrollo de las políticas de bienestar”.

En cuanto a la implantación de nuevas tecnologías para superar limitaciones y dependencias en el ámbito del domicilio, las valoró como “muy útiles para la seguridad y la conexión entre los servicios de bienestar, el ciudadano y su domicilio”. 

La teleasistencia, una revolución 

Fernández recordó que en su etapa como ministra “las personas mayores vivían la teleasistencia como una especie de magia y me llamaba la atención su asombro porque los cuidadores a distancia conocieran hasta el nombre de su gato”. Sobre esta anécdota, aseguró que es “toda una revolución que una persona que vive sola tenga a alguien que, a distancia, se preocupe por sus problemas”. 
 

El coste de la Dependencia 

Al respecto del debate sobre el coste de implantar la ley de Dependencia, Matilde Fernández aclaró que “en pleno siglo XXI, ya es hora de dejar bien claro en España que ciudadanía quiere decir derechos y obligaciones”. Remarcó que “no sirve de nada que un partido político baje impuestos para bajar en derechos”. 

Ante esto, apostó por el equilibro “entre lo que aportas y lo que recibes”, “y éste es el gran debate de hoy en Europa”. Se mostró convencida de que España “tiene capacidad para emprender este reto y debemos saber que dedicar más esfuerzo a universalidad de las prestaciones tiene que ir acompasada de las decisiones que colectivamente y en función de lo que ganamos contribuimos los ciudadanos”. 

Fernández también quiso recordar que la ley generará 300.000 puestos de trabajo y puso como ejemplo de la bondad de esta nueva ley el programa de vacaciones de la tercera edad que puso en marcha durante su mandato en el Gobierno.  

“Con poner una cantidad en los presupuestos del Estado para abaratar las vacaciones de nuestros jubilados, conseguimos crear empleo, convertir los fijos discontinuos que se iban al paro en invierno en fijos continuos”. Así, aseguró que “no sólo se creaba empleo, además de dar calidad de vida a los ciudadanos, sino que entraba dinero en las arcas del estado”. De hecho, apuntó que “más del 30 por ciento del dinero que se ponía para que 500.000 jubilados disfrutaran de unas vacaciones de más calidad de lo que su renta permitía entraba en las arcas por desempleo que no se pagaba, nuevos trabajadores que cotizaban, etc...”. 

Recordó, para terminar, que ahora “está Europa debatiendo incluir el programa del IMSERSO para los ciudadanos europeos”. “Se trata de generar empleo de calidad y que a la vez da calidad de vida a los ciudadanos que lo necesitan y que cotizaron para tener esas prestaciones”, afirmó.