¿ESPAÑA EN CRISIS ECONÓMICA?

Acabado el proceso electoral, en el que el capítulo económico fue de los pilares claves de la campaña, siguen nuestros políticos barajando la cuestión económica como arma arrojadiza de la contienda política diaria. De manera que para la oposición estamos en una seria crisis económica, y para el Gobierno en una coyuntura económica de desaceleración. Poniendo de manifiesto su clásico desencuentro, ante el desaliento de la ciudadanía, que a diferencia de otras cuestiones, la económica le resulta particularmente sensible, pues asiste en los últimos meses a un crecimiento excesivo de los precios de los artículos de primera necesidad, con el consiguiente repunte inflacionista.

Y con los contradictorios mensajes que le llegan desde las instancias oficiales, y de la oposición, no hace sino crecer su desconcierto ante la realidad y alcance de esa desaceleración o crisis económica que se le indica.

            Ciertamente estamos en un momento en que la economía ha dado un revés, la cuestión radica en determinar el alcance del mismo. Ya que no es lo mismo una desaceleración que una recesión, como no es lo mismo un resfriado que una pulmonía.

            Lo cierto es que se ha dado un concurso de diversas situaciones económicas que convergen en la crisis. Por un lado, está el ámbito internacional, principalmente a cargo de la considerable subida de los precios del petróleo –con alzas históricas-, que vuelve a plantear la necesidad de encontrar fuentes de energía alternativas, que deberían de haberse ensayado con mayor determinación tras las crisis del petróleo de 1973 y su agravamiento en el 1978, con una importante recesión internacional; a lo que también hay que añadir la crisis de producción de productos agrarios, especialmente grave en los países del tercer mundo. Por otro lado, tenemos en el ámbito nacional la crisis de la construcción, que no es sino un redimensionamiento de este sector, hiperdimensionado en los últimos años, que se veía venir, dada el alza desmesurada de los precios de los inmuebles, al que el propio mercado ha marcado sus límites.

            Pero hemos de añadir a estos factores, de diversa procedencia y causalidad, el descontrol de precios de los productos de primera necesidad, especialmente de la cesta de la compra, que vienen creciendo sin más límite que la codicia de los diversos intermediarios que intervienen la comercialización de estos productos, de forma absolutamente innecesaria, que vienen determinando unos márgenes comerciales en productos –especialmente agrícolas- de 300,  o 500%, según los casos (frutas, verduras, etc.), que están dando al traste con parte del sector agrario, al tiempo que se esquilman los bolsillos de los consumidores, pues no tiene lógica alguna, en el caso del limón, por ejemplo, que se pague al agricultor sobre 80 céntimos de euro el kilo, cuando se vende en el supermercado a 3 euros. Y así en muchos casos.

            Naturalmente, esta situación hace que las economías domésticas se resientan, y padezcan dificultades para llegar a fin de mes, restrinjan las compras de lo innecesario, o secundario, y así el tren de la economía comienza a pararse, con los consiguientes despidos y cierres de establecimientos, por la falta de ventas.

            Por eso, ante este cúmulo de circunstancias, externas e internas, debería el Gobierno de haber comenzado sus deberes en razón de tomar medidas que palien la situación, evitando que la crisis llegue a mayores. Lo que no vale es la ambigüedad calculada del lenguaje para no alarmar, al tiempo que apenas se afronta la dificultad. Como tampoco hace bien el alarmismo sin freno, con el que se pretende hacer oposición, en razón de que en el comportamiento económico también juega la psicología social, y el miedo a la crisis retrae la actividad económica contribuyendo indirectamente al incremento de esta.

            Sin perjuicio de un necesario acuerdo de Estado, análogo a los “Pactos de la Moncloa” que tan buenos resultados dieron para superar la crisis económica de final de los setenta, en plena transición; se deberían de tomar inmediatamente medidas –que excluidas las monetarias, actualmente en manos de Bruselas- atenuaran los efectos del “parón económico”. Y ello, sin perjuicio de la conjunción de medidas de ámbito internacional que se están señalando por Organismos e Instituciones Económicas. Alguna de las cuales, debería pasar por convencer a la OPEP que incrementen su producción petrolífera para la reducción del precio del crudo.

            Pero a nivel doméstico, se debería de ayudar a redimensionar el sector de la construcción, facilitando la reconversión de parte de esas empresas, y activando la obra pública. Incluyendo una eficaz política de VPO, de la que en los últimos años hemos estado “huérfanos”.

            También resulta muy necesaria una medida legislativa de control de precios de productos agrarios, a modo de la promulgación de una “ley de márgenes comerciales” de productos agrarios y de primera necesidad, que eviten la injusta e irracional situación de los precios de mercado de dichos productos, muy superiores a su costo en el lugar de producción. Cuestión que nuestros vecinos franceses hace años que pusieron en práctica con excelentes resultados.

            Por otra parte, y especialmente en un momento crítico para los sectores del transporte, pesquero y agrario, que han anunciado huelga por el excesivo coste del gasóleo, resulta vital que el Gobierno salga al paso de la problemática de estos importantes sectores para facilitarles una solución, que podría pasar no sólo por subvencionarles parte del coste del mismo, sino por una medida más justa y generalizada para toda la población, bajando el precio de la gasolina y gasóleos, al retirar en parte, o en su totalidad el gravamen impositivo que tienen en nuestro país estos productos (que supone un amplio porcentaje del precio), y que ha pasado a ser un producto también de necesidad, para el normal funcionamiento de la actividad económica y social del país. Y ello, entre tanto, no se ensaya con eficacia unos productos sustitutivos, que eviten estas crisis cíclicas de alza de precios. Ya que esa medida es mucho más necesaria –máxime en el momento actual- que el beneficio anunciado de los 400 euros.

            Y lo que es más importante, que al Sr. Solbes se le vea abordar con garra el manejo de la crisis económica, en vez de emplear el filibusterismo político de la ambigüedad del lenguaje, o del nominalismo, para disimular una situación que ya se padece.