El precio de la esperanza

Las hordas neoconservadoras de Europa han decidido poner precio a la esperanza, con Francia a la cabeza, y andan empeñadas en impulsar un Pacto sobre Inmigración que suponga la implantación de una política común de la Unión Europea en esta materia.

Foto: Carles Ríos

A día de hoy circula un borrador presentado por Francia, que ya está en poder de Alemania e Italia, y del que el Gobierno español tiene conocimiento desde principios de enero pasado. Francia tiene la intención de convertirlo en el proyecto estrella de cara a su presidencia del Consejo Europeo en el próximo otoño.

El documento en cuestión no tiene desperdicio alguno y plantea cinco aspectos básicos sobre los que fundamentar una política de inmigración restrictiva que patina por el filo de la sutil frontera de los derechos humanos básicos.

En materia de fronteras se busca un mayor control de las mismas, expidiéndose sólo visados biométricos (con datos fisionómicos del solicitante y creando centros comunes donde se expidan. Se plantea también la creación del Estado Mayor del Frontex (policía europea de fronteras) con dos puestos de mando permanentes en el este y en el sur, además de un registro automático y un sistema de vigilancia interconectado. Lo que podría denominarse el control 2.0 de las entradas al continente. Todo ello acompañado de la correspondiente dotación económica para equipar adecuadamente a los cuerpos de policía encargados de los flujos migratorios.

El sistema se hará selectivo con los inmigrantes, negándose a toda costa a las regularizaciones masivas por temor al efecto llamada. Los papeles se otorgarán siempre en condiciones excepcionales y caso a caso. La inmigración aceptada será escogida, con pedigrí, eligiendo a los mejor formados para los empleos que Europa necesite cubrir. Además se limitará considerablemente la reagrupación familiar, que tendrá en cuenta la capacidad de integración del inmigrante (recursos, alojamiento, dominio de la lengua, etc.).

El producto estrella de este apartado será el ya famoso contrato de inmigración, que obligará a aprender el idioma, las identidades nacionales, los valores y las costumbres del país de acogida. Los mismos que se niegan a que a sus hijos se les imponga la Educación para la Ciudadanía, alegando el derecho a la educación de los padres, no tienen inconveniente alguno en que se salten a la torera los derechos fundamentales para con los extraños. Si no, que le pregunten a los inmigrantes cuando el periodo de retención en los centros de internamiento se prolongue hasta 18 meses, sin la tutela judicial ni asistencia jurídica.

Eso sí, se introduce un pequeño lavado de cara a la hipocresía occidental manifestando una cierta preocupación por el efecto de “fuga de cerebros” que se puede producir (de hecho ya se está produciendo) en los países de origen, por lo que se establecen algunas medidas compensatorias y se pretende implantar un código de buenas prácticas.

Otro tema en el que se hace especial hincapié es el de las expulsiones. Se pretenden agilizar impulsando los vuelos de regreso conjuntos, estableciendo acuerdos de readmisión con los países de origen y evitando que los extranjeros que se hayan beneficiado de una ayuda para regresar de manera voluntaria vuelvan a entrar en Europa. También se pretenden endurecer las sanciones contra el tráfico de personas.

En lo referente al Derecho de Asilo, hay un intento de unificar el examen de las peticiones a través del Alto Comisionado de Refugiados (ACNUR), un organismo fuera de la competencia de la Unión Europea y dependiente de la ONU.

Ante la ofensiva neoconservadora, el PSOE pretende hacer modificaciones tendentes a “humanizar” la propuesta y excluir el contrato de inmigración del contenido del pacto. La razón fundamental es bien simple; los réditos electorales de la implantación del mismo los rentabilizaría el Partido Popular.

Todo nace en una confidencia indiscreta de Nicolás Sarkozy a Mariano Rajoy en aquel encuentro junto con Ángela Merkel. El gobierno español, que conocía el borrador desde principios de enero, exigió que no se hablase del asunto hasta pasadas las elecciones del 9 de marzo. Sin embargo, el presidente francés no fue capaz de poner freno a su lengua y se lo sopló a Rajoy, que a vuelta de su viaje lanzó en plena campaña electoral la propuesta. Los sondeos indicaron entonces que un 56% de los españoles la veía con buenos ojos (el 45% de ellos votantes socialistas).

A raíz de la indiscreción del ególatra presidente de Francia, España se negó a estudiar la propuesta, que en principio estaba encaminada a ser presentada de forma conjunta, y Francia optó por buscar los apoyos en los gobiernos más afines a su línea política, Italia y Alemania.

Ahora se plantea más difícil si cabe su reconducción y a la diplomacia española le queda una dura batalla por delante, máxime con los compromisos electorales que el PSOE tiene la obligación de cumplir.