La muerte en una guardería ilegal

El pasado lunes murió un bebé de tan sólo cuatro meses en una ludoteca de Barcelona. El fallecimiento, que se produjo por causas naturales, ha puesto de relieve la existencia de una red de guarderías ilegales en España. Son centros que se dedican a cuidar niños a pesar de que no tienen ni la licencia, ni el personal, ni las condiciones requeridas para ello. La aparición de este fenómeno tiene una explicación muy sencilla, a la par que terrible: este país, que según algunos es la octava potencia económica del mundo, no tiene guarderías para los hijos de los trabajadores; y las pocas que hay tal vez no estén al alcance de sus bolsillos.

Muchas de estas guarderías son usadas por inmigrantes con escasa información sobre el sistema educativo español y muy pocos recursos económicos. La oferta pública se muestra insuficiente para paliar esta necesidad, sobre todo en el tramo de 0 a 3 años. Actualmente, hay 1,4 millones de niños menores de 3 años en España, de los que sólo están escolarizados unos 270.000. La mayoría de las familias tienen que recurrir por tanto a los centros privados. El coste de uno de ellos es, en el mejor de los casos, de unos 400 euros al mes; en cambio, los establecimientos ilegales salen por unos 250 ó 300 euros. En estos tiempos del trabajo precario y de la falta de ayudas sociales, esta puede ser la diferencia entre poder pagar los altos precios de los alimentos básicos o no llegar a fin de mes.

No estamos hablando de un problema de reciente aparición. El déficit de guarderías en este país es un tema recurrente desde hace tiempo, como demuestra la puesta en marcha del discutible “cheque bebé”, la populista ayuda de 2.500 euros por nacimiento. También en el ámbito de la capital catalana hay bastante información. Basta bucear un poco por internet para ver que estamos ante una situación que no es coyuntural. Un artículo de la web del diario El País escrito el 3 de abril de 2006, hace exactamente 2 daños, dice en su titular lo siguiente: “La falta de guarderías deja sin plaza pública en Barcelona a casi 3.000 niños menores de 3 años”. Eran los tiempos de las agrias polémicas del Estatuto Catalán, con la derecha vociferando el “se rompe España” y la llamada izquierda diciendo que eso de los estatutos autonómicos era poco menos que la piedra filosofal de la democracia. Evidentemente, ni los niños de los diputados del PP ni los de ERC tenían problemas para encontrar guardería, aunque fueran privada.

La falta de guarderías es uno de los indicadores más claros del subdesarrollo del estado del bienestar español. Esta carencia es sufrida por todos los servicios públicos, y no sólo por los relacionados con la educación. A diario nos encontramos en la prensa noticias sobre protestas de colectivos ciudadanos que piden más guarderías, colegios, hospitales, bibliotecas, residencias o cualquier otra infraestructura pública de carácter social; también hay últimamente bastantes quejas y movilizaciones del personal que trabaja en los servicios públicos, cada vez de menor calidad y más precarizados. No hay duda de que estamos a la cola de Europa en todos estos apartados. Como señala Eurostat, España sólo dedica al gasto social el 20% del PIB, frente al 27,3% de media en toda la UE. De la UE a 15 (esto decir, los países que tienen como moneda el euro), sólo Irlanda, con el 17% del PIB, da menos importancia al gasto social que España; nuestro 20% se queda a años luz de países como Suecia (32,9%), Francia (31,2%), Dinamarca (30,7%) y Alemania (29,5%). Si miramos específicamente el gasto público en educación, también estamos a la cola en porcentaje destinado del PIB, con un raquítico 4,44%, cuando la media para toda la UE (ojo, no sólo la UE a 15) es del 5,22%.

Para valorar de la forma más acertada lo que estos datos significan es necesario tener en cuenta que este histórico subdesarrollo social que padecemos no ha podido ser corregido ni siquiera en la pasada época de vacas gordas y dinamismo económico. Entonces crecíamos más que nadie en términos macroeconómicos dentro de la UE, pero nuestro gasto social no crecía o incluso disminuía en comparación al efectuado por el resto de nuestros socios comunitarios, menos dinámicos pero más concienciados; esto sucedió especialmente en los años del PP, en los que se produjo una fuerte contracción del gasto social para entrar en el euro. Ahora todos los indicadores muestran que se han terminado los buenos tiempos y en este nuevo panorama de acentuada desaceleración los grandes poderes económicos están exigiendo nuevos y profundos recortes del gasto social. Iniciativas como las del denominado “cheque bebé” no suponen ningún consuelo si paralelamente sigue perdiendo fuelle el sistema público de guarderías y se hace totalmente imprescindible acudir con los 2.500 euros al sector privado, que suele estar guiado por criterios de lucro económico y no de utilidad social. Dar las riendas en los temas sociales al mercado no es la solución; si fuera así, ¿para qué querríamos un Estado y unas administraciones?

Si queremos guarderías y servicios públicos de calidad en general es necesario que dejemos de centrar el análisis de la situación económica en las grandes cifras. Ya es hora de que los políticos, los economistas y los empresarios se dejen en casa la pesadez oficialista de la macroeconomía y atiendan a la microeconomía, esto es, a las pequeñas economías familiares. Es necesario dejar de fijarse en el crecimiento de la riqueza para atender a su redistribución con criterios sociales. Esta importante misión debe ser acometida por las administraciones públicas, que tienen que ser capaces de garantizar todos los derechos sociales de los ciudadanos, como es el derecho a la escolarización desde los primeros años de vida.

Lo importante no es el beneficio económico que obtenga las guarderías, sino que haya guarderías para todos nuestros pequeños. Un país en el que mueren niños en guarderías ilegales nunca podrá llamarse civilizado.