Contra los señores del ladrillo

Según el INE, la compraventa de viviendas bajó en enero un 27% con respecto al mismo mes del año pasado. Al mismo tiempo, los visados de casas nuevas han caído también en enero a los niveles más bajos que se recuerdan desde el año 2000. La situación es tan mala que los propios promotores han reconocido que los precios de la vivienda caerán este año un 8%. Con estos datos resulta imposible creerse el cuento del “aterrizaje suave”, salvo que tengamos una fe ciega en sus defensores. La situación recuerda más bien a la mítica comedia “Aterriza como puedas”; la diferencia es que esto no tiene ni puñetera gracia.

Todos los días desayunamos con nuevas informaciones que corroboran una y otra vez que el sector está en caída libre. Este torrente de datos y noticias parece que ha roto un dique de contención llamado 9 de marzo; ya se repartió el turrón, ahora tocan las desgracias. Según el portal burbuja.info, hay al menos 51 promotoras y constructoras que están en quiebra actualmente. Veremos las que se suman en el futuro, porque esto tiene pinta de que acaba de comenzar y nos podemos llevar muchas sorpresas. Incluso la poderosa Martinsa Fadesa, la promotora presidida por el también jefe del G14, Antonio Martín, está pasando dificultades para pagar a sus acreedores. Fernando Martín es quien amenazó con una importante subida del precio de la vivienda en los próximos años si no se agilizaban los plazos para urbanizar suelos y tramitar planeamientos urbanísticos. Esta advertencia se entiende fácilmente si se explica que Martinsa Fadesa tiene la mayor cartera de suelo finalista de Europa, con 30,5 millones de metros cuadrados potencialmente edificables. Ahora el pobre Martín no sabe qué hacer con este patrimonio. Tanta tierra le puede hacer morder el polvo al que también fuera presidente del Real Madrid.

Martín sabía evidentemente que estaba lanzando un órdago y que la vivienda, lejos de subir, iba a sufrir un bajón descomunal. Por eso no dudó en ponerse al frente del G14, el lobby que agrupa a las 13 mayores inmobiliarias del país. Estas son las empresas que se han forrado en los dorados años del boom de la construcción. Durante dicho periodo el precio de la vivienda subió un 123%, a pesar de que se construyó mucho más de lo que era necesario. De hecho, actualmente hay un parque de viviendas en este país que supera los 24 millones, lo cual no está nada mal para una población de 45 millones de personas. Esto no impide que hoy día unos 10 millones de ciudadanos, casi la cuarta parte, estén totalmente excluidos del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero al G14 no hay que hablarle de derechos, salvo de los de sus miembros, claro está. Ellos defienden su negocio de la vivienda, que no el derecho a la vivienda, y estas son 2 cuestiones radicalmente contrarias. Más aún si tenemos en cuenta los logros obtenidos por el G14 en los últimos meses, que no hacen sino minar continuamente el derecho a la vivienda. En este sentido, la continua cesión de las distintas administraciones públicas ante las presiones de los señores del ladrillo constituye una vergüenza que debe ser conocida por todos. Da igual el color del gobierno de turno, la respuesta siempre es la misma si se trata de los que realmente mandan.

El G14 ha conseguido que sea modificado el Plan Estatal de Vivienda para reducir a un año el periodo en el que las viviendas puedan pasar a obtener la catalogación como protegidas y así recolocar el stock de viviendas no vendidas. Es posible que una de las causas por las que no se pueda colocar esta bolsa sea el excesivo precio de la vivienda, que según la ONU está sobrevalorado en un 60%. Ello no ha evitado que el Ministerio de la Vivienda haya subido más de un 4% el precio nacional de las VPO, de esas viviendas protegidas que no interesaban en los tiempos del boom. Fue el propio Martín el que dijo recientemente en una entrevista que “si hay boom, no hay VPO”. Como ahora sí que interesa la vivienda protegida, la Federación Estatal de Municipios y Provincias va a poner a disposición de las constructoras y promotoras más suelo público para construir 200.000 VPO al año para atajar la crisis. Vivienda pública para salvar al sector privado, eso sí que es política social, y además acometida con el suelo de los ayuntamientos; no habrá terrenos públicos para edificar infraestructuras sociales tales como un colegio, un hospital, o una guardería, pero para unas cuantas miles de casas siempre nos queda algo. Suelo público para los señores del ladrillo, ¿necesitan algo más? Quizá un poco de dinero público, que siempre viene bien. De esto se encarga el Instituto de Crédito Oficial, entidad dependiente del Ministerio de Economía, que ha dado al G14 un aval de 3.000 millones para títulos hipotecarios que financien VPO. Todas estas medidas juegan a confundir a la población para que identifique el problema de la vivienda con el de la falta de viviendas; pero este no es un problema de viviendas, sino de derechos. Recuerdo los más de 24 millones de viviendas para 45 millones de personas y añado que, según la ONU, somos el país con más viviendas vacías de la UE, con más de 3 millones ¡en el censo de 2001! Definitivamente, este es un país de locos avariciosos incapaces de pensar en algo que no sea su beneficio inmediato.

Ni la crisis económica ni la crisis del ladrillo son los asuntos que más nos debieran preocupar, aunque parezca mentira. Los poderes económicos ya tienen quien les defienda, como es el caso del G14, y quien ceda vergonzosamente ante sus presiones: ni más ni menos que los que deberían defender el interés general, nuestros llamados representantes. En este contexto, Cualquier reforma que se acometa para afrontar la crisis va a ir siempre en la siguiente línea: se usará lo público, lo de todos, para salvar al sector privado, y los ciudadanos perderemos cada vez más derechos en este proceso. Luego, cuando termine la crisis, volveremos con el principio neoliberal de no intervención, faltaría más. Este perverso mecanismo pone de manifiesto que la principal crisis no es económica, sino social. El papel de los movimientos sociales puede ser clave para evitar que mañana el estado del bienestar sea poco menos que un recuerdo. Por eso V de Vivienda, asamblea popular en la que participo, no va a cejar en su empeño de denunciar una y otra vez a estos señores del ladrillo que tan vergonzosamente están saqueando nuestro país. Al G14 le ha salido una chinita en el zapato. Si logramos que la sociedad entienda lo que está pasando, tal vez la chinita se convierta por fin en una roca.