Al fin, tras 110 días en huelga de hambre y caminar la filo de la muerte, la presa mapuche Patricia Troncoso decidió poner fin a la misma el pasado lunes. La razón ha sido la aceptación por parte del gobierno de Bachelet de las demandas reclamadas, para ella y otros presos mapuche, que incluyen beneficios carcelarios como salidas durante los fines de semana, sin contar con la evaluación previa de la gendarmería.
Patricia Troncoso fue procesada por haber participado en diciembre de 2001 en el incendio de cien hectáreas de pinos de la Empresa Forestal Mininco y se le aplicó, como viene siendo habitual con todas las acciones mapuche, la Ley Antiterrorista.
Han tenido que pasar cuatro meses de movilizaciones en todo Chile y de protestas a nivel internacional, incluso pagar el alto tributo de vidas, para que el gobierno de Chile se decida a tomar cartas en el asunto. El mismo gobierno que, en 2006, reconoció lo injusto y desproporcionado de las penas a los presos mapuche encarcelados bajo la Ley Antiterrorista y se comprometió con un proyecto de Ley para su libertad que hasta ahora no se ha promovido.
Amnistía Internacional envió una carta a la presidenta Bachelet, el 21 de enero, mostrando su preocupación por la vida de los presos y recordando que en 2003, el Relator Especial de Naciones Unidas presentó un informe de misión en Chile, en el que recomendaba que “además del otorgamiento de títulos sobre terrenos privados, los territorios tradicionales que incluyan recursos de uso comunitario deben ser reclamados y restablecidos”.
También a comienzos de este mismo mes, una misión de organizaciones pro derechos humanos y la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), realizaron una misión de observación, tras el asesinato del joven mapuche Matías Catrileo, en la que denunciaron “la brutalidad, el salvajismo y el terrorismo de Estado” que sufren las comunidades.
Durante el mismo mes fue difundida una Declaración de Historiadores de Chile en la que denunció “la virtual militarización del territorio histórico del pueblo mapuche” y “la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terror policial”, así como la criminalización de la lucha mapuche y la aplicación de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura militar.
Bajo los gobiernos de la Concertación Democrática desde 1990 han sido procesados 400 mapuche bajo esta ley. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 fueron juzgados 209 mapuche sólo en la regio de la Araucanía, mientras cientos eran detenidos, golpeados y maltratados en lo que ya se considera una verdadera “guerra sucia”.
Las comunidades mapuche del sur están siendo arrinconadas y exterminadas por una mar de cultivos forestales que arrasan sus tierras y les impiden seguir sembrando y subsistiendo. Las comunidades son allanadas sin orden judicial por la policía y existen comandos como el “Hernán Trizano”, que realizan incursiones nocturnas con disparos, mientras se instalan cámaras de vigilancia y aparatos que interfieren los teléfonos móviles.
La pregunta que, forzosamente, se desprende de todo este caos es: ¿Qué tiene que hacer un pueblo, al que se le han reconocido internacionalmente sus derechos, para que le escuche y le dejen vivir en paz?
Algunos documentos gráficos sobre el conflicto:
VÍDEO: Agentes del Estado Reprimen manifestación pacífica en Santiago en solidaridad con el Pueblo Mapuche
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