Las reformas electorales aprobadas por el Congreso Nacional han desencadenado una crisis sin precedente entre los poderes del Estado de Honduras.
Al Congreso Nacional se le ocurrió aprobar una serie de reformas en la Ley Electoral en proyección hacia el siguiente proceso electoral interno que se deberá realizar en el país. Fueron varias las reformas: restricción del período de publicidad, adelantar las elecciones internas, reducir los períodos para las campañas electorales, sin embargo, la reforma que mas causó impacto, fue el significativo incremento de la deuda política que convertiría al Estado en patrocinador casi exclusivo de los partidos políticos, esto suena a estatizar a los partidos que dependerían de los fondos estatales para subsidiar sus campañas políticas y, convertiría al Estado, en condicionador de las posibilidades de los candidatos. Previo a ésta reforma, el Poder Judicial dictaminó como inconstitucional la prohibición para que el Presidente del Congreso Nacional se postulara en campaña para Presidente del Ejecutivo, permitiendo que, el actual Presidente del Congreso, se lance como pre-candidato Presidencial. El Presidente de la República se ha opuesto a sancionar ésta reforma y, la ha devuelto al Congreso luego de muchas discusiones y amenazas, incluso, enviar sus objeciones directamente a la Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial), violando el procedimiento de aprobación de las Leyes. Finalmente, el Ejecutivo ha perdido ésta batalla y ha debido devolver la iniciativa al Congreso, éste, ha ratificado su decisión con la oposición de únicamente cinco Diputados. Ahora, el Presidente se niega a autorizar la publicación de dicha Ley en el periódico oficial, con lo cual, impide la promulgación de la Ley. Este enfrentamiento ha hecho declarar al Presidente de la República que, en el país, existe un poder en la sombra conformado por nueve hombres de poder económico y político que son quienes manipulan las decisiones políticas, esta declaración nunca había sido hecha por un Presidente que admite, públicamente, que sus decisiones son condicionadas por un poder oculto. El Congreso Nacional ha recibido una fuerte e inesperada oposición popular y de personajes importantes en el ámbito nacional, de tal manera que, se ha visto obligado a dar pié atrás y nombrar una Alta Comisión de Notables provenientes de diferentes sectores de la sociedad civil, incluidas la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, y, les ha dado poderes de decidir que se hará finalmente con las reformas aprobadas, incluso, el poder de descartar dichas reformas: obviamente, con ésta decisión, el Congreso Nacional ha creado un organismo con mayor poder que el mismo Congreso y, en ésta situación, también se puede considerar que el Congreso Nacional ha perdido una importantísima batalla. El último capítulo de ésta historia aun está por escribirse.
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