Huelga en los Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM) en primavera

El Comité de Empresa de Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM) ha convocado huelga para los días 14 y 28 de marzo y la semana de la Feria de Abril. La causa ha sido el despido de una trabajadora de 41 años, Antonia Maya, que el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla ha declarado improcedente y la opción adoptada por la empresa de indemnizarla y no reintegrarla de nuevo en la plantilla.

Antonia Maya accedió a un contrato eventual a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir un puesto de forma provisional durante el verano. En los meses que ella prestaba servicio, la empresa pública abrió una convocatoria de empleo a la que concurrió. El 5 de agosto TUSSAM resolvió su contrato y admitió en los puestos de empleo a 21 personas con menos nota que ella.

El juzgado de lo Social número 8 determina en la sentencia que TUSSAM ha cometido fraude de ley en el contrato de la trabajadora, ya que al ser por “eventual por circunstancias de la producción”, se debe establecer en el mismo el inicio y finalización de la misma, cosa que no ha sucedido.

El dilema se plantea ahora con la indemnización mediante dinero público por la improcedencia del despido, ya que de aceptarse tal práctica, supondría que la dirección de la empresa, única responsable de su modo de actuar, saldría sin penalización ninguna por actuar no conforme a ley. Además del trasfondo ético que supone el emplear dinero público para indemnizaciones tras las que se pueden ocultar decisiones con cierto grado de arbitrariedad por parte de los directivos de las empresas públicas.

Los efectos colaterales de una huelga

Era de esperar que la situación de conflicto permanente que se vive en el seno de la plantilla de TUSSAM estaba abocada al enfrentamiento. Todo comenzó poco antes de las pasadas elecciones municipales, cuando la empresa, el Ayuntamiento, gobernado por PSOE e IU, y las estructuras provinciales del transporte de CC.OO y UGT suscribieron un acuerdo unilateral para incorporar  a TUSSAM a once trabajadores de la empresa Los Amarillos S.L. al extinguirse la concesión que disfrutaba para la explotación de la línea 72 a Bellavista.

Los trabajadores entendieron que se estaba vulnerando el convenio colectivo en vigor e ignorando los derechos de los participantes en una convocatoria de empleo de 200 plazas que se celebraba en aquel momento y respondieron con una huelga durante la semana en la que se celebraban los comicios, que se significó por una escalada de violencia que produjo cuantiosos daños a la empresa municipal.

En aquellos días de pleno auge de la campaña electoral, piquetes de trabajadores acudieron a boicotear actos electorales de algunos de los candidatos que se presentaban a la reelección y aquello no debió de gustarle demasiado a los alcaldables, puesto que negociaron un acuerdo con los representantes de los trabajadores para desconvocar la huelga que les permitiera concluir la campaña sin más incidencias –acuerdo que luego jamás se cumplió-, e implantaron en la empresa un clima de represión posterior que se ha prolongado hasta hoy.

Desde entonces, no existe el diálogo social en TUSSAM y la Dirección de la empresa, encabezada por el Gerente Carlos Arizaga de Pablo Blanco, se dedicó a tomar medidas drásticas contra quienes se significaron de alguna forma durante la huelga, llegando incluso a retener el Complemento por Incapacidad Laboral Transitoria, recogido en Convenio Colectivo, a los trabajadores que se encontraban en dicha situación sin explicación alguna aparente.

Así, existe otro despedido, pendiente de sentencia del Juzgado de lo Social, como consecuencia de la misma y, caso de ser declarado improcedente, los sindicatos esperan igual postura por parte de la dirección; indemnizar y no readmitir.

Otros ocho trabajadores están a la espera de que se les comunique el despido por las mismas causas, con expedientes disciplinarios abiertos desde los días posteriores a la huelga y sin que hasta ahora se haya tomado una decisión al respecto. Pero se da por hecho que, en caso de que el conflicto actual no obligue a rectificar a la empresa, se volverá a optar por la indemnización antes que la readmisión.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla parece como si estuviera sumergido en una especie de parálisis cerebral que le impide percibir la realidad tal cual. Abrir la espita de las indemnizaciones para despedir trabajadores con dinero público es como encender una cerilla en un polvorín y, sin embargo, en una alcaldía gobernada por partidos de izquierda todavía no se ha escuchado ni una sola voz al respecto. Ni Alfonso Ródriguez Gómez de Celis, firmante ejecutivo del acuerdo jamás cumplido, ni el socio municipal coaligado Antonio Rodrigo Torrijos, amén del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín se han pronunciado al respecto, quizá porque han sobreentendido que a los ciudadanos que pagamos religiosamente nuestros impuestos no nos interesa saber qué se va a hacer con nuestro dinero.

En este estado de cosas, se prevé una primavera caliente en TUSSAM que tendrá como colofón la semana de la Feria de Abril, donde el servicio de autobuses es esencial para el acceso al recinto ferial, dado el elevado número de viajeros que transporta, y para evitar el colapso de la ciudad en los días en que más visitantes recibe.