Las Palmas de Gran Canaria.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha considerado hoy que los delitos de corrupción, ya sean cometidos por personas públicas o por particulares, deber ser excluidos del ordenamiento jurídico español.
Así lo ha manifestado el ministro tras suscribir un convenio de colaboración con el consejero canario de Justicia, José Miguel Ruano, que contribuirá a reforzar el papel que desempeñarán los secretarios judiciales en la nueva Oficina Judicial.
Caamaño ha aludido a la remisión, en breves fechas, de la reforma del Código Penal al Congreso de los Diputados, y ha destacado que en ella se establece todo un cuadro de medidas punitivas en materia de corrupción, que están en línea, ha señalado, con las decisiones marco aprobadas con la UE.
A su juicio, estas medidas, "constituyen un instrumento sumamente útil para atajar este mal, que es una de las peores circunstancias que se pueden dar en un estado democrático".
Así, el ministro ha afirmado que existen muchos tipos de delitos y que todos son reprobables porque suponen la vulneración y la quiebra de la ley, que son las reglas que nos hemos dado, pero hay algunos, como los de corrupción, sea de personas públicas o de particulares, "que deben ser especialmente excluidos de nuestro ordenamiento o perseguidos porque suponen, no sólo quebrantar la ley, sino también en gran medida, los cimientos de un sistema democrático que es el que todos nos hemos dado".
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