Las Palmas de Gran Canaria.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dijo hoy, sobre el procedimiento contra el joven somalí conocido como "Abdu Willy", detenido por su participación en el secuestro del atunero español "Alakrana", que si el primer informe forense hubiera aclarado su edad no habría "movimientos distintos en la Audiencia Nacional".
Tras firmar un convenio con el consejero canario de Justicia, José Miguel Ruano, y ser preguntado por los vaivenes en torno a la decisión de la jurisdicción que corresponde al detenido, Caamaño ha dicho que el Gobierno de España "ha hecho lo que tenía que hacer" ante "un delito real contra un barco español y contra ciudadanos españoles" que se produce "fuera del territorio español".
"Esto no es un caso, como alguna vez se ha dicho, de jurisdicción universal, esto es sencillamente intereses españoles y ciudadanos españoles víctimas de un delito y, por tanto, aplicación extraterritorial de la ley penal".
Así, el ministro dijo que las Fuerzas Armadas han capturado a dos de estas personas que han sido traídas, como cualquier otro delincuente, ante las autoridades.
Una vez que aquí, prosiguió, se pone en marcha un procedimiento, en el que los jueces, "en el ejercicio independiente de sus funciones, han pedido pericias para determinar la edad de estas personas y han tenido pericias en sentido distinto porque los técnicos tampoco son infalibles y tienen visiones distintas de las cosas".
Así, ha subrayado, "unos forenses han establecido una edad determinada, lo que ha hecho, aplicando la ley, que" el conocido como Abdu Willy "tenga que ir a la jurisdicción de menores, siempre, por supuesto, bajo vigilancia y control de las Fuerzas de Seguridad y con las medidas cautelares correspondientes, nunca en libertad, como se ha dicho".
Sin embargo, a la vista de nuevos informes, "ahora lo que se va a decidir, ya por la Sala de lo Penal y por la Audiencia Nacional, que es la competente para estas causas, cuál es la jurisdicción específica".
El ministro ha dicho comprender "que todo este proceso puede desorientar de alguna manera a la opinión pública", pero garantizó que "se han seguido todos los instrumentos previstos en la ley", al tiempo que ha destacado que "no siempre los técnicos tienen la precisión en cuestiones tan delicadas como ésta para poder decir al cien por cien cuál es la edad de una persona que no dice qué años tiene".
"Es obvio que si desde el primer informe no hubiese dudas sobre la mayor o menor edad de esta persona no habría movimientos distintos dentro de la Audiencia Nacional", aseveró.
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