Santander.- El presupuesto de la Consejería de Presidencia y Justicia para 2010 es de 71,9 millones de euros, un 6,9 por ciento menos respecto a 2009, sobre todo por la suspensión de las partidas de Acción Social de los empleados públicos, pero con una continuidad del esfuerzo inversor en Justicia y Protección Civil.
Así lo ha explicado esta mañana en rueda de prensa el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, que ha indicado que el presupuesto de su departamento supone un 2,93 por ciento del global del Gobierno de Cantabria.
Mediavilla ha señalado que, a pesar de que la consignación de Presidencia y Justicia baja casi un 7 por ciento en relación con 2009, se mantiene el esfuerzo presupuestario en los dos "ejes sustanciales" de actuación de la Consejería: la modernización de la Justicia y la seguridad ciudadana a través de la Protección Civil.
El consejero ha destacado que el presupuesto de su área supone un proyecto "acorde" con el momento económico actual y "garantiza" la "plena ejecución" de los objetivos de seguridad ciudadana, mejora de la Justicia y modernización de la Administración Pública regional.
El consejero ha resaltado que, de cada tres euros invertidos por la Consejería en 2010, dos se van a destinar a garantizar la protección de los cántabros y a mejorar la Justicia.
Precisamente el presupuesto de Justicia es el que "más peso" tiene en el conjunto de la Consejería, con 33,6 millones, y sube un 0,84 por ciento en relación a 2009.
La línea de actuación más importante el próximo año en ese sentido es la culminación del proyecto "Vereda", que permitirá la teletramitación de todo el expediente judicial.
Mediavilla ha subrayado que la renovación tecnológica en la Administración de Justicia de Cantabria culminará en 2010 y, para ello, la partida que se ha consignado aumenta un 15,5 por ciento respecto a este año.
Hay una partida de 950.000 euros para el mantenimiento del Centro de Atención al Usuario (CAU) y se van a destinar 250.000 euros a la adaptación de los juzgados a la nueva plataforma tecnológica.
En cuanto a las sedes judiciales, se invertirán 2,5 millones de euros en las obras del Palacio de Justicia de Torrelavega, que se prevé esté plenamente operativo en el primer trimestre de 2011.
Se han consignado más de 1,5 millones de euros para financiar la prestación de la asistencia jurídica gratuita y se mantienen convenios con los colegios de abogados, psicólogos, graduados sociales y procuradores.
Y para Protección Civil se destina algo más de 14 millones de euros, un 0,22 por ciento más que en este ejercicio, lo que supone un 19,4 por ciento del global del presupuesto de la Consejería.
Mediavilla ha incidido en el incremento presupuestario de un 2 por ciento en las cuentas de la Sociedad de Emergencias de Cantabria que gestiona el 112 y de los seis parques de bomberos la región (133.000 euros más).
El consejero ha recalcado que el próximo año continuará la colaboración con otras administraciones y entidades en materia de seguridad ciudadana.
Así, la inversión en ayuntamientos con competencias en Protección Civil (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales y Camargo) superará los 1,6 millones de euros.
En cuanto a modernización de la Administración, Mediavilla ha dicho que el próximo año se invertirán 150.000 euros en medidas cono la puesta en marcha del Plan de Reducción de Cargas Administrativas.
En 2010 también se potenciará la formación a través del Centro de Estudios de la Administración Regional Cantabria (CEARC), que tendrá un presupuesto de más de 1,2 millones.
Para el fomento de la identidad regional se ha consignado algo más de 730.000 euros.
El consejero ha indicado que el descenso presupuestario se produce "mayoritariamente" en partidas de gasto no productivo, de personal y gasto corriente, que se logra mediante la suspensión de las ayudas de Acción Social de los empleados públicos (una partida de un total de 3 millones de euros, incluido el personal docente y de sanidad) y con la no dotación de determinadas plazas en la Administración.
Mediavilla ha remarcado que el Ejecutivo mantiene todos los compromisos retributivos y que los empleados públicos "en ningún caso" perderán poder adquisitivo.
Y ha dicho que, en caso de que la situación económica mejore en próximos ejercicios, la Acción Social (que se refiere a ayudas para financiar la compra de libros o gastos sanitarios, por ejemplo) se podrá volver a negociar.
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