MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón interrogará hoy viernes a los nueve detenidos en la 'operación Pretoria', desarrollada entre el martes y el miércoles para desarticular una presunta trama de corrupción urbanística que habría operado en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), informaron fuentes jurídicas. Los detenidos han dormido esta noche en la cárcel de Soto del Real de Madrid.
Tras finalizar el plazo legal de 72 horas en que han sido interrogados por la Guardia Civil en su Comandancia de Cataluña, en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tomará declaración a los supuestos cabecillas de la trama, entre los que se encuentran el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); y dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU): el ex conseller Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta.
También comparecerán ante el juez el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el responsable de servicios jurídicos de esta Alcaldía, Pasqual Vela; el ex diputado del Parlament y ex militante del PSC Luis García Sáez, y tres empresarios: el presidente de Proinosa, Josep Singla; el del grupo Espais, Lluís Casamitjana; y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo.
Los detenidos salieron ayer, alrededor de las 13 horas, en dos furgones policiales desde Sant Andreu de la Barca hacia Madrid, donde llegaron sobre las 19.30 horas.
Fuentes cercanas al caso explicaron a Europa Press que el hecho de que los detenidos respondieran a las preguntas de la Guardia Civil hará que muchas de estas cuestiones ya no sean repreguntadas por el juez, que se podrá centrar en preguntar sobre la documentación incautada.
ADJUDICACIONES IRREGULARES
La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.
La operación parte del denominado 'caso BBVA-Privanza', que Garzón instruyó en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey. Durante ese año, su sustituto al frente de su juzgado, Fernando Grande-Marlaska, archivó parcialmente la investigación y retiró la imputación a 19 ex consejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.
Según las citadas fuentes, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones.
En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como 'cerebro' de la trama y Macià Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.
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