Bogotá.- El Gobierno de Colombia consideró hoy que "no hay razón" para que la Corte Penal Internacional (CPI) abra investigaciones en el país por crímenes de guerra, dado que los miembros de grupos armados y de las fuerzas de seguridad acusados por esos delitos son procesados por la Justicia nacional.
El embajador de Colombia ante la CPI, Francisco Lloreda, señaló hoy durante el encuentro "Retos y perspectivas de la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia", en Bogotá, que no es una novedad para la Justicia de su país procesar a responsables de crímenes de guerra.
"Miembros de la guerrilla, paramilitares y de la Fuerza Pública acusados de cometer crímenes atroces están siendo procesados o han sido condenados, la mayoría además está en la cárcel", dijo el diplomático.
Además, indicó que los criterios que se establecieron en el Estatuto de Roma, por medio del cual se creó la Corte, "no se cumplen" en Colombia.
"Hay procesos judiciales en marcha, capacidad y disposición para procesar a los responsables de los crímenes de competencia de la Corte", afirmó Lloreda en el seminario, al que también asistieron académicos.
El próximo 1 de noviembre vence la moratoria de siete años que el Gobierno colombiano solicitó a la CPI para investigar delitos de guerra, tras adherirse al Tratado de Roma con esa reserva.
El embajador agregó que la situación de Colombia no es comparable con la de otros países, como Uganda, Sudán, República Democrática del Congo y la República Centroafricana, en los que ese tribunal ya ha intervenido.
"Eso no significa que el camino por recorrer no sea exigente y que la Justicia nacional, estando Colombia bajo observación, no deba someterse a un autoexamen riguroso para lograr mayor eficacia", apuntó.
El vicefiscal general de Colombia, Fernando Pareja, ratificó lo dicho por Lloreda y señaló que la entidad judicial está realizando una "investigación muy seria" sobre los delitos cometidos por los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública.
"El punto de vista de la Fiscalía es que el trabajo que está haciendo todo el sistema de Justicia y Paz en Colombia (...) es un trabajo serio", indicó, al destacar que a pesar de que no se ha producido ninguna sentencia, se ha progresado en cuanto a la verdad.
La Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2003, es el marco jurídico por medio del cual el Estado colombiano otorga beneficios a los desmovilizados de la guerrilla y los paramilitares.
"La Fiscalía tiene abiertas todas las bases de datos necesarias para la CPI", aseveró Pareja, al subrayar que la Unidad de Justicia y Paz de este organismo no aceptará que "el precio de la paz sea la impunidad".
Comentó que por ahora Justicia y Paz solo tiene bajo investigación a los grupos paramilitares, que negociaron la paz entre 2002 y 2005 con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.
"Cuando nos acerquemos a los grupos de insurgencia de izquierda, que vienen delinquiendo en el país hace más de 40 años, vamos a tener un problema un tanto mayor", advirtió.
La Fiscalía tiene identificadas a 257.089 víctimas de la violencia de los grupos armados al margen de la ley en Colombia, una cifra que las organizaciones no gubernamentales consideran superior.
Además, hay entre tres y cinco millones de desplazados y los desaparecidos superan los 40.000, según distintos organismos humanitarios.
Por ahora, se han hallado 2.182 fosas, en las que han encontrado 2.666 cadáveres.
El sistema de Justicia y Paz "registró la desmovilización masiva de 31.671 (paramilitares), de los cuales están plenamente identificados 24.304, cifras que permiten dimensionar la complejidad y dificultades que se tienen que superar en la Fiscalía para cumplir con los compromisos históricos", agregó Pareja.
La CPI puede investigar delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos en Colombia desde 2002, pero solo podrá atender crímenes de guerra a partir del 1 de noviembre de 2009.
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