Toledo.- Los presupuestos regionales para 2010 sigue adelante en su tramitación parlamentaria después de que las Cortes hayan rechazado la enmienda de totalidad presentada por el PP, mientras que las negociaciones para el traspaso de las competencias de Justicia a la Castilla-La Mancha siguen estancadas.
El pleno de las Cortes ha celebrado hoy el primer debate sobre el proyecto presupuestario de la Junta para el año próximo y, como era previsible, la mayoría socialista ha votado en contra de la petición del PP de que el texto fuera devuelto a la Consejería de Economía y Hacienda para que lo rehiciera.
El otro punto del orden del día ha servido para constatar que el el Gobierno central y el Ejecutivo regional siguen lejos en el asunto clave para acordar la transferencia de las competencias en materia de Justicia: el dinero que pone el Ministerio para pagar a los profesionales y para superar el déficit de infraestructuras que arrastra Castilla-La Mancha.
El debate presupuestario se ha saldado con el primer apoyo de la Cámara a las cuentas redactadas por el equipo de la vicepresidenta y responsable de Economía, María Luisa Araújo, que ascienden a 9.616 millones de euros, el 2,3 por ciento más que el ejercicio anterior, con un déficit del 2,75 por ciento del PIB.
El PP pedía su devolución al Gobierno, porque, según su diputado Marcial Marín, en lugar de ayudar a salir de la crisis, va a perpetuarla, ya que aumentará la "deuda, el paro y el despilfarro".
El parlamentario ha citado las "ocho falsedades" del Gobierno regional en su defensa del proyecto, sobre todo la de que son unas cuentas pactadas.
Frente al proyecto de presupuestos de la Junta, Marín ha recordado las reformas que propugna su grupo: rebaja fiscal; una ley de apoyo a los autónomos; reforma agraria; un plan de austeridad de la administración pública; racionalización del urbanismo y vivienda; creación de empleo ligado a las políticas sociales y avanzar en igualdad y conciliación.
La vicepresidenta Araújo ha respondido a Marcial Marín que su análisis es "falso de toda falsedad", carente de rigor y de alternativa.
Araújo ha defendido el proyecto y el recurso al endeudamiento para reactivar la economía y mantener las políticas sociales a pesar de la caída de los ingresos.
Rechazada la enmienda, el pleno a debatido, a propuesta del PP, sobre el traspaso de las competencias de Justicia y la situación de este servicio en la comunidad autónoma.
La consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, ha reconocido que la situación de la Justicia en la comunidad es "realmente preocupante" y ha constatado que las negociaciones con el Ministerio no han avanzado en las últimas fechas en el nudo gordiano de la cuestión: la dotación económica que acompañará a las competencias.
Valerio ha explicado a la Cámara que el Ministerio está dispuesto a llegar a un acuerdo antes de que termine la Legislatura en 2012, ante lo que la portavoz del PP en este área, Natalia Tutor, le ha pedido que el acuerdo llegue antes de 2011, antes de que se disuelvan las Cortes castellanomanchegas.
La consejera ha recalcado que al Gobierno regional le importan menos los plazos que el lograr un buen acuerdo, para lo cual, a juicio de la consejera, el Ministerio tendría que tener en cuenta la dispersión territorial de Castilla-La Mancha, el mal estado de sus infraestructuras y el aumento poblacional.
De hecho, las Cortes han aprobado una resolución propuesta por el PSOE -ante la que el PP se ha abstenido- en la que piden al Gobierno central que tenga en cuenta esos tres criterios en la negociación de las transferencias.
No ha salido adelante el texto redactado por el PP, que pedía un acuerdo antes de las elecciones autonómicas de 2011, respeto a los procesos judiciales y que el Gobierno central dé respuesta a "las numerosas carencias" de la administración de Justicia en la región.
Tanto Valerio como Tutor han subrayado las carencias que padece este servicio público en Castilla-La Mancha, que tiene la menor ratio de jueces por habitante de España y donde la litigiosidad aumenta de forma sensible, sobre todo en lo Civil y lo Mercantil por los efectos de la crisis económica.
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