Tegucigalpa.- El Gobierno de facto de Honduras inició hoy los trámites para demandar a Brasil en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por "injerencia" en sus asuntos internos al permitir la presencia del derrocado presidente hondureño, Manuel Zelaya, en su embajada en Tegucigalpa.
El agente de Honduras en La Haya, Julio Rendón, abrió los trámites ante el máximo tribunal, según indicó en un comunicado el Ministerio hondureño de Relaciones Exteriores, al adelantar que podría pedir ante la Corte una indemnización por parte de Brasil.
Rendón "presentó una solicitud introductiva de instancia contra la República Federativa de Brasil por cuestiones jurídicas relativas a las situaciones diplomáticas y al principio de no intervención en los asuntos que son de la competencia interna del Estado" hondureño, agrega la nota.
Una fuente de la Cancillería explicó a Efe que esa acción es una "solicitud para iniciar acciones" contra Brasil, entre ellas pedir ante la Corte medidas cautelares o una indemnización del país sudamericano.
El canciller del Gobierno de facto, Carlos López, dijo en una rueda de prensa que la Corte Internacional decidirá ahora si admite o no la solicitud y, en caso de hacerlo, se lo comunicará a Brasil, a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a este organismo como tal.
López dijo que la presencia de Zelaya en la legación brasileña, donde se encuentra desde que regresó al país el 21 de septiembre pasado, y sus llamamientos a la "insurgencia" suponen "una injerencia en las actividades internas de Honduras".
El comunicado indicó que el fundamento de la solicitud recae en la "comisión de ilícitos" por parte del Gobierno de Brasil "que generan responsabilidad internacional con relación a sus obligaciones establecidas en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención de las Naciones Unidas sobre Relaciones Diplomáticas".
Subrayó, asimismo, que el Gobierno hondureño que preside Roberto Micheletti "se reserva el derecho de solicitar a la Corte la adopción de medidas provisionales o cautelares si no cesan las actividades ilegales del Gobierno de Brasil que alteran el orden público interno de Honduras y que representan una amenaza al desarrollo pacífico del proceso electoral" del 29 de noviembre.
El canciller apuntó que con esta acción contra Brasil el Gobierno de Micheletti quiere "resolver pacíficamente" este asunto "con la participación de la Corte Internacional de Justicia".
Zelaya, quien fue derrocado por los militares hace cuatro meses, permanece en la embajada de Brasil junto a su esposa, Xiomara Castro, y unos 40 colaboradores, seguidores y periodistas.
El Gobierno de facto, que no es reconocido ni por la comunidad internacional ni por ninguna organización multilateral, anunció a finales de septiembre, tras la llegada de Zelaya, un ultimátum de diez días a Brasil que finalmente no se tradujo en medidas concretas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución, también a finales de septiembre, condenando los "actos de intimidación" del Gobierno de facto contra la sede diplomática brasileña.
Centenares de militares y policías hondureños rodean la sede diplomática, desde donde Zelaya ha denunciado distintas acciones de hostigamiento por parte de esas fuerzas de seguridad.
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