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La Cámara investigará las irregularidades del llamado "caso Margüello"

EFE
Actualizado 28-10-2009 19:33 CET

Vitoria.-  El Parlamento Vasco creará una comisión especial de investigación que determine el alcance real de las irregularidades detectadas en la contratación de servicios sanitarios en la anterior legislatura, el llamado "caso Margüello" y las responsabilidades políticas que correspondan.

El pleno de la Cámara vasca debatirá el viernes sendas propuestas en este sentido del PNV, por un lado, y del PP, Aralar, EA, EB y UPyD, por otro.

El PSE-EE, que no ha firmado ninguna de las dos, apoyará la del PP, Aralar, EA, EB y UPyD, y se abstendrá en la del PNV, según ha explicado a EFE la vicepresidenta primera de la Cámara, Blanca Roncal.

El contenido de las dos propuestas es similar pero la del PNV es más "restrictiva", ha indicado Roncal.

La propuesta del PNV propone que la investigación se centre en las posibles irregularidades derivadas de la concertación de diversos servicios sanitarios por las empresas: Medical Dom SL, Recard 2000 SA, Gestión de Servicios Sanitarios XXI SL, Rehabilidom SL y la UTE Gestión Servicios XXI, Indautxu y Rehabilidom.

En cambio, la propuesta de PP, Aralar, EA, EB y UPyD plantea que el trabajo de la comisión sea investigar las irregularidades detectadas en la contratación de servicios sanitarios por el Departamento de Sanidad, así como cuantos aspectos se consideren relevantes, a fin de determinar las responsabilidades que se deriven de los hechos investigados.

Las dos propuestas están basadas en el informe que presentó el pasado 1 de julio el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, en el que se ratificaba la existencia de irregularidades en algunas contrataciones de Osakidetza en la etapa de Gabriel Inclán.

El ex consejero negó tales irregularidades y otorgó su respaldo a los tres médicos presuntamente responsables de las mismas, José Carlos Margüello, ex jefe del Hospital de Cruces, y los facultativos Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga.

Las irregularidades detectadas en el informe se referían a adjudicaciones de servicios a varias empresas con tarifas "aumentadas sin motivo", así como posibles causas de incompatibilidad.

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