MADRID.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado la busca y captura del dirigente de SEGI Oier Oa Pujol, que se encontraba en libertad bajo fianza de 60.000 euros desde marzo pasado, al no presentarse al juicio que se celebra desde este miércoles contra él y otros cinco miembros de esta organización por su "sumisión jerárquica" a la banda terrorista ETA.
El tribunal adoptó esta decisión después de que durante la vista oral, que continuará el jueves, la presidenta de la Sección, Angela Murillo, preguntara a la abogada de Oa por el paradero de su cliente y ésta respondiera que no tiene ninguna noticia de él.
Oa fue entregado a España por las autoridades francesas el 18 de noviembre de 2005 después de que la Policía Judicial le detuviera dos meses antes en la localidad vasco-francesa de Ustaritz. Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) el 3 de marzo de 1984, el Ministerio del Interior le considera un miembro destacado de SEGI que huyó a Francia en septiembre de 2003.
Los otros cinco acusados, que no se presentaron al juicio que la Audiencia Nacional celebró en 2005 contra las organizaciones Jarrai y Haika, son Asier Tapia Zulaika --para el que la Fiscalía pidió entonces una pena de 111 años y diez meses de cárcel--, Zigor Ruiz Jaso, Eneko Aizpuru Giraldo, Garikoitz Múgica Zubiarrain y Araitz Zubimendi Izaga. Todos ellos se enfrentan a una pena de diez años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista.
Salvo Tapia Zulaika, que se negó a responder a las preguntas del fiscal y de su abogada, el resto de acusados tomó la palabra para negar que SEGI constituya una organización terrorista y defender su "proyecto político", basado, según explicaron, en "la lucha por la independencia y el socialismo". "Las armas que ha utilizado SEGI son las que utiliza cualquier organización política", dijo Aizpuru. "Nuestra única arma son las reuniones y la comunicación entre los jóvenes", apostilló Zubimendi.
EL FRENTE DE MASAS DE ETA
Según el fiscal Carlos Bautista, los seis acusados asumieron "el compromiso de liderar las labores de planificación, dirección y ejecución de las actividades de Jarrai, Haika o de SEGI en distintos niveles de su organización territorial".
Estas actividades fueron desarrolladas "en diversos ámbitos de especialización, si bien el compromiso militante de todos ellos y su grado de formación" les llevó a tener "pleno conocimiento de sus vínculos orgánicos dentro del sistrma de organizaciones integradas en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), con el referente de la organización armada". La interacción entre las organizaciones juveniles y ETA superaba "la mera comunidad de objetivos y afinidad ideológica", según el fiscal.
En su escrito provisional de acusación, Bautista también reproduce las consideraciones realizadas por Molina en 2005 para sostener que estos tres colectivos son organizaciones dependientes del frente de masas de ETA, organización con la que mantiene "identidad de objetivos, sumisión jerárquica y unidad financiera".
Según el Ministerio Público, ETA ha definido distintos niveles de lucha, entre las que cita la "lucha de masas", dividida a su vez en la "legal" (manifestaciones y concentraciones), la "semilegal" (barricadas, impulso de huelgas y jornadas de lucha, carteles, cartas y llamadas telefónicas amenazantes) y la ilegal (complemento de la lucha armada y que se materializa en actos de sabotaje).
De igual modo, el fiscal afirma que los asesinatos de Gregorio Ordóñez, máximo responsable del PP en Guipúzcoa, y del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goicoechea "fueron seguidos de una labor de 'imposición pedagógica' respaldada por ETA, KAS y Jarrai, a raíz de la cual fueron numerosos los miembros de los partidos políticos denominados 'constitucionalistas' y de la Policía Autónoma Vasca que sufrirán las consecuencias de la presión de ETA, no sólo contra sus vidas sino con ataques contra su patrimonio".
ORGANIZACIONES TERRORISTAS
En enero de 2007, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declaró que Jarrai, Haika y SEGI son organizaciones terroristas por formar parte de ETA. Por esta razón, el alto tribunal aumentó a seis años de cárcel las condenas de entre dos años y medio y tres años y medio que la Audiencia Nacional impuso a 24 acusados en junio de 2005.
Aunque la acusación estaba dirigida en un principio contra 42 personas, para las que se pedían 654 años de cárcel, al juicio en la Audiencia Nacional únicamente se presentaron 33. Durante la vista, la Fiscalía retiró la acusación contra cinco y en su sentencia el tribunal decidió absolver a otros cuatro.
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