Barcelona.- El PSC suspenderá de militancia a todos sus afiliados que estén imputados en el caso de corrupción urbanística destapado, incluido el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, mientras que CDC prefiere no actuar contra sus dos encausados para respetar su presunción de inocencia.
Las detenciones de Bartomeu Muñoz y de otros militantes socialistas del área metropolitana de Barcelona junto a los convergentes Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, que ocuparon destacados cargos en los gobiernos de la Generalitat presididos por Jordi Pujol, han provocado un gran revuelo en la clase política catalana.
El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, ha anunciado que si la "autoridad judicial toma medidas" contra Bartomeu Muñoz y otros militantes, el PSC pedirá la renuncia de sus cargos públicos y les expulsará del partido.
Según Zaragoza, ante este "presunto caso de corrupción" el PSC actuará con "celeridad y transparencia" pese a su respeto a "la presunción de inocencia", y si se confirma la imputación, su partido propondrá la "elección inmediata de un nuevo alcalde" de Santa Coloma y también relevará a Muñoz como vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona.
Por parte de CDC, su secretario general adjunto, Felip Puig, ha reclamado que se respete la presunción de inocencia tanto de los dos ex altos cargos de su partido que tuvieron responsabilidades de gobierno, como también del resto de detenidos.
Puig también ha instado al presidente de la Generalitat, José Montilla, a hacer autocrítica "en su casa" (PSC), después de que durante varias semanas este partido haya sometido a Convergència y a su fundación (Trias Fargas) a "juicios paralelos" y se hayan "encarnizado" por el Caso Millet.
Después de indicar que CDC de momento no suspenderá de militancia a Prenafeta y a Macià Alavedra para respetar su presunción de inocencia, Puig ha recordado que el primero hace 19 años que no ocupa un cargo institucional, mientras que el segundo hace 9 que no forma parte de la ejecutiva convergente y 12 que no tiene cargos públicos.
Por parte del gobierno de la Generalitat, el conseller de Interior, Joan Saura, ha asegurado hoy que el ejecutivo se mantendrá "intolerante" ante cualquier posible caso de corrupción en Cataluña y ha pedido a los ciudadanos que en "estos momentos difíciles" mantengan su "confianza" en las instituciones y el Estado de Derecho.
Saura ha alertado, sin embargo, sobre el hecho de que casos como este crean "desafección política", por lo que ha pedido a la administración de justicia que actúe de forma contundente.
Desde el Gobierno, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, se ha mostrado "convencido y absolutamente seguro" de que el PSC tomará las medidas necesarias para "clarificar" el caso.
El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha afirmado que su partido mantiene "tolerancia cero" con la corrupción, afecte a quien afecte, y, al contrario que el PP, no habla "de conjuras universales" cuando hay alguna actuación ilícita que le involucra.
El presidente de ERC, Joan Puigcercós, ha reivindicado la "transparencia" de su partido y se ha mostrado dispuesto a "destapar casos de corrupción" y a tirar "de la manta" si alguien tiene sospechas y no se atreve a denunciarlas públicamente.
El PP catalán ha exigido al primer secretario del PSC, José Montilla, "explicaciones políticas inmediatas", y ha denunciado la "diferencia de trato entre populares y socialistas" cuando se ordenan detenciones de responsables políticos.
La portavoz de ICV, Laia Ortiz, ha pedido a CiU y al PSC que "sean contundentes con los militantes detenidos" y que "colaboren al máximo con la investigación" porque la trama de corrupción urbanística detectada supone unos hechos "gravísimos".
Desde el ámbito municipal, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante la operación policial, a la vez que ha expresado su deseo de que se asuman responsabilidades.
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